Los recientes escándalos de corrupción que han remecido a la región, como el caso Odebrecht y los “Cuadernos de las coimas” en Argentina, más allá de los numerosos involucrados – políticos, empresarios y funcionarios públicos- han dejado un gran protagonista: la provisión de infraestructura. Ante esto cabe preguntarse, ¿Qué características posee este sector que lo hacen especialmente vulnerable a la corrupción?

Una primera característica radica en el grado de heterogeneidad de los bienes que adquiere el gobierno. No es lo mismo para el gobierno comprar un cargamento de corcheteras de oficina que construir un aeropuerto o una hidroeléctrica en una zona compleja. En el primer caso, verificar tanto la calidad de los bienes adquiridos como el precio que debió haber sido pagado por ellos es relativamente sencillo. Existen muchos contratos en circunstancias similares que permiten hacer una comparación. En cambio, en el segundo caso, las características especiales de proyectos, que por definición son complejos y con un alto grado de incertidumbre en costos, hacen que sea especialmente fácil esconder pagos irregulares.

Una segunda característica se relaciona con los tipos de contrato. A pesar de que es difícil saber si a los funcionarios públicos se les está pagando un sueldo acorde al mercado, es relativamente sencillo verificar, desde el punto de vista de los usuarios de un servicio, cuando un funcionario recibe remuneraciones por trabajo que no realiza o bien que es de mala calidad (pensemos en un funcionario que se ausenta constantemente de su puesto de trabajo). En cambio, saber si en un proyecto de infraestructura se utilizaron materiales de peor calidad o bien si se pagó más por ciertas contrataciones durante el proceso de construcción es mucho más difícil.

Una tercera característica radica en la necesidad, en un contexto de proyectos de una alta complejidad, de cierto grado de discrecionalidad (más allá de lo que se puede definir en un contrato) por parte de los funcionarios y políticos encargados de adjudicar y evaluar los proyectos, que permita ajustarse ante circunstancias no previstas con el fin de garantizar un estándar adecuado. Este punto es especialmente relevante en proyectos donde la calidad del servicio es no contratable, es decir, cuando no es posible definir estándares medibles de calidad que sean explicitados en un contrato.

A la luz de estas dificultades y de los escándalos recientes, una agenda de reformas al sector se hace imprescindible. En particular, existen dos elementos que se debiesen considerar con el fin de disminuir los espacios de captura y corrupción: mejorar la estructura de gobierno de las agencias encargadas de la provisión de infraestructura y aumentar los estándares de trasparencia con que operan.

Una mejora en la gobernanza del sector debe considerar cambios relevantes a lo largo de todo el proceso de adjudicación de un proyecto. Por ejemplo, es necesario tener evaluaciones sociales independientes antes de la aprobación de proyectos de infraestructura de forma tal de limitar la selección discrecional por parte de las autoridades y garantizar que el diseño de las licitaciones se realice por parte de una instancia autónoma que vele por la correcta implementación de los procesos de licitación sin presiones externas.

Por otro lado, es fundamental aumentar los estándares de transparencia para hacer de la ciudadanía un auditor natural durante el desarrollo y la implementación de los contratos de infraestructura. Sin información apropiada de cuánto debió haber sido el costo del proyecto o el plazo razonable para su construcción se hace difícil dotar a la ciudadanía de este poder.