Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para no firmar aún el Acuerdo de Escazú es que cumpliríamos con todo lo que este requiere. El tratado busca ‘la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible’.
Si bien es cierto que hemos avanzado de manera importante en la última década, no es menos cierto que tenemos aún mucho que adelantar en estos planos. Así lo recomendó la OCDE en 2016, en el marco de la evaluación de desempeño ambiental, y así nos lo recordó la sentencia de la Corte Suprema que se pronunció, este año, sobre los recursos de protección en el caso de intoxicaciones masivas en Puchuncaví y Quintero. La Corte no condenó a las empresas recurridas solo porque hasta el día de hoy no se sabe con certeza el origen y naturaleza de los contaminantes a los que se expusieron las personas, incluidos niños y niñas del sector.
En cambio, formuló un grave reproche a las instituciones del Estado por vulnerar los derechos de las personas al no generar ni contar con información mínima necesaria para abordar la crisis. Cuatro de las quince medidas ordenadas por la Corte tienen que ver con la generación y publicidad de la información ambiental que el Estado de Chile no tuvo, ni tiene hasta hoy, a disposición de la ciudadanía. Firmar y ratificar Escazú sería una forma de expresar nuestro compromiso de avanzar en el acceso a la información ambiental indispensable para la protección de la naturaleza y de los derechos humanos. La autocomplacencia no es buena consejera cuando se trata de la salud y la vida de las personas más vulnerables.