A casi un año de que Chile liderara las negociaciones para la firma del Acuerdo de Escazú, convenio latinoamericano que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a la información y protección de los ciudadanos que resguardan el medio ambiente, el gobierno aún continúa sin suscribirlo, dando erráticos argumentos sobre esta decisión. Es por ello que Espacio Público y FIMA realizaron la séptima versión del Ciclo de conversaciones 2019: “A un año de Escazú: ¿por qué Chile aún no firma?”.

En la instancia, a la cual asistieron más de 35 personas de la sociedad civil y política, la directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza, presentó los artículos y la importancia del acuerdo, «es un tratado que genera vínculo entre medioambiente y derechos humanos. Además, es el primer tratado vinculante que refiere específicamente a los defensores ambientales». La también Representante electa del público para las negociaciones del acuerdo recordó que “Latinoamérica es una de las regiones del mundo que tiene mayores conflictos socioambientales (…) y no podemos dejar que Chile sea parte de la lista de países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente como Brasil o Colombia».

Posteriormente, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa; el senador PPD e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber; y, el investigador de Horizontal, Arturo Subercaseaux, profundizaron el debate sobre la necesidad de la firma de este acuerdo en relación a los argumentos que ha esgrimido el gobierno para aplazarlo.

Durante la discusión, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que “la razón diplomática para no firmar el convenio se relacionaba al fallo de La Haya con Bolivia, pero ya que tuvimos un fallo positivo, no hay explicaciones de por qué no se concreta la firma”. Además comentó que espera que la situación en el Amazonas y la labor de Chile en el G7 pueda ayudar a “sensibilizar con que el tema medioambiental es importante para el país” y el Gobierno decida ratificar el acuerdo antes de la realización de la COP25 en diciembre.

Por su parte, Ezio Costa afirmó que los argumentos del Ejecutivo de desistir de firmar el convenio a tres días “no son reales”. «El gobierno dijo que un argumento central para negar su firma era por la soberanía, sin embargo, con la firma de Escazú no se tiene ningún riesgo”, agregó Ezio, y enfatizó en que este convenio cambia el paradigma de entender la elaboración de política pública en materia socioambiental. «En el modelo de Democracia Ambiental se evitan más los conflictos porque las personas que están en los territorios pueden poner su voz en un balance comparativo con la legislación», enfatizó.

Arturo Subercaseaux, en tanto, manifestó que existe una división dentro del gobierno respecto a la firma del convenio “el Ministerio de Medio Ambiente sí está de acuerdo con firmar el Acuerdo de Escazú” y agregó que es lamentable «que hoy ministerios tengan que salir a explicar o defender argumentos de otros ministerios con los que no están de acuerdo». Además, el investigador de Horizontal afirmó que el fallo de La Haya con Bolivia, el que se hizo público a días de la apertura a firma, podría explicar el actuar del Gobierno, quienes sostenían que ante “la falta de un mecanismo de cooperación podría facilitar una demanda por parte de Bolivia”.

Finalmente, Andrea Sanhueza concluyó el foro manifestando la importancia de que se discuta sobre el Acuerdo de Escazú ante la nueva apertura a firma el próximo 26 de septiembre. Además, la directora expresó el interés de Espacio Público en seguir trabajando en políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia ambiental a todos los chilenos y chilenas.

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