En la interpelación a la ministra Schmidt se entregaron tres respuestas infundadas para justificar la negativa del Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú (tratado que asegura los derechos a la información, participación y justicia en materia ambiental):

1. Que podría, indebidamente, internacionalizar conflictos internos (una variación del argumento en el que se suponía que Bolivia podría llevarnos a cortes internacionales, con Escazú como excusa).

2. Que Chile ya cumple con todo lo estipulado en él.

3. Que la gente no sabe de qué se trata.

La ministra debe explicar cómo es posible que este acuerdo ponga en riesgo la soberanía de Chile y no todos los otros tratados e instrumentos internacionales que nuestro país ya ratificó y que tienen el mismo enfoque de solución de controversias (como el Tratado de Minamata, ratificado en 2018).

También, es imprescindible que aclare cómo súbitamente cumplimos con todo el Acuerdo, siendo que hasta hace un año y medio había consenso en que no había una aplicación plena y efectiva de sus estándares, según lo demuestran evaluaciones como las de la OCDE.

Por último, y respecto a la supuesta ignorancia ciudadana, recordarle el apoyo al Acuerdo por parte de quienes defienden el medio ambiente y que parte de sus obligaciones es entender las materias de su cartera e informar sobre los tratados que Chile impulsa (en particular si lo hizo durante más de seis años).