Durante los últimos días, bancadas de diputados han ingresado cuatro acusaciones constitucionales (AC); tres contra ministros de la Corte Suprema y una contra la ministra del Interior. Un grupo de parlamentarios RN llegó a anunciar una AC contra el Presidente de la República, aun cuando momentos después el presidente del partido rechazaba la iniciativa. Una muestra más del desorden e indisciplina de nuestro sistema político.
Aunque comúnmente se las caracteriza como un ‘juicio político’, en realidad las AC tienen una naturaleza doble. Por un lado, poseen una dimensión política innegable, ya que el órgano que las resuelve es el foro político por excelencia (el Congreso). Al mismo tiempo, las AC tienen aspectos jurídicos fundamentales, dado que sólo se justifican bajo causales específicas establecidas en la Constitución (comprometer el honor o seguridad de la Nación, o infringir la Constitución y leyes, entre otras) y bajo un procedimiento que otorga garantías al acusado.
Durante los últimos años, hemos experimentado una inflación de AC ligada a un deterioro del respeto por los aspectos jurídicos en su tramitación (especialmente las causales). Si en los seis primeros gobiernos desde el retorno a la democracia (hasta Bachelet 2) el promedio era de cuatro AC por periodo presidencial, en el segundo gobierno del expresidente Piñera se ingresaron once AC. Si consideramos las recientes AC contra los ministros de la Corte Suprema como una sola, en lo que lleva el gobierno del Presidente Boric ya van ocho AC (incluyendo una contra un exministro de la administración anterior), restando aún un año y medio de mandato.
Existen varias razones por las que estos números son preocupantes. Por de pronto, el tiempo que los parlamentarios utilizan en la discusión de las AC son días que se pierden en la tramitación de los muchos proyectos de ley que el país necesita. Asimismo, el abuso de las AC ha transformado un mecanismo ideado como de última instancia en una simple jugada política utilizada con fines comunicacionales y electorales de corto plazo. Lo anterior tiende a tensionar aún más a un sistema político polarizado, dificultando el surgimiento de un diálogo conducente a los acuerdos. Para la ciudadanía, el espectáculo de las AC se percibe como parte de inentendibles rencillas internas de un mundo político ensimismado y que parece no darse cuenta del hastío que produce.
Cuando se respeta su finalidad, las AC son un valioso mecanismo para exigir la responsabilidad política a la que se encuentra sometida toda autoridad en una república democrática. Ello contribuye a robustecer la institucionalidad y el respeto al orden constitucional. Por el contrario, cuando el órgano al que se le ha confiado el uso de las AC abusa una y otra vez de ellas, lo que hace es precisamente lo contrario: erosionar cada vez más la legitimidad del sistema político.
