“La mayoría de los jueces son de izquierda”. Así, sin la mas mínima prudencia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a los miembros del Poder Judicial en el cónclave de la UDI. Su opinión se basa en que existiría una especie de “garantismo” desatado y que la derecha sólo ha tenido cuatro años para “elegir” jueces. La solución para esto, dijo, sería “netear” los próximos nombramientos.
Las declaraciones de Larraín son graves y constituyen un amedrentamiento a otro poder del Estado. Sin referirse a casos en particular, como suele ocurrir en la comunidad legal cuando se debate sobre una decisión judicial, plantea un argumento contradictorio entre promover un sistema de nombramiento por mérito —sobre lo cual existe un amplio consenso— con “netear” las preferencias políticas de los designados, que es lo contrario a ese sistema. Larraín, siguiendo la misma estrategia que utilizó en su oportunidad el anterior gobierno del Presidente Piñera,
cuando indicó que se analizaría cada sentencia judicial en materias de seguridad pública para resolver la promoción de los jueces, provocando un pequeño escándalo, decide esta vez interpelar a los jueces en una reunión política. Esto puede explicarse por una de dos cosas: o no comparte las decisiones judiciales de los últimos años, o bien no entiende el modo en que ha evolucionado la interpretación judicial desde hace más de 30 años en el mundo.
Lo que deja en evidencia la opinión del ministro es su limitada conciencia de que para la sanidad del sistema democrático es indispensable una independencia judicial robusta: la tranquilidad de que un juez debe decidir con lealtad a la Constitución y la ley, sin temor a la “venganza de los litigantes”. En eso existe un valor institucional que Larraín no debe olvidar.
Esta caricatura de los jueces promovida por el ministro de Justicia, además, recuerda lo que la propia derecha criticaba hace un poco más de cuarenta años, cuando miembros del Gobierno de Allende interpelaban a los jueces por decisiones que afectaban las medidas del Ejecutivo. El argumento de entonces era que el Gobierno de la UP, al amedrentar con sus críticas a los jueces, estaba poniendo en riesgo la Constitución.
Tener vocación democrática no sólo es creer en las elecciones (las dictaduras también las hacen). Es vivir la vida pública de un modo determinado y eso implica admitir que las instituciones tienen un sentido. Como afirmó el retirado juez estadounidense Richard Posner, “si un cambio en los jueces trae aparejado un cambio en el derecho, entonces no está claro ni siquiera qué es el derecho”. Y esa es la gravedad de las palabras de Larraín: revelan su íntima convicción de que, con los nombramientos judiciales, puede manipular las reglas del Estado de Derecho.
