Columna coescrita con Benjamín García, investigador de Espacio Público

Los recientes ataques a los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil por un grupo de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro nos muestran, una vez más, la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones y formas democráticas. No es casualidad que dichos ataques se hayan producido luego de un proceso eleccionario especialmente ajustado, previo al cual el candidato que terminaría por perder la elección se empeñó en sembrar dudas acerca de un infundado fraude electoral y se negó a participar de las tradicionales ceremonias del cambio de mando.

Frente a estos graves hechos, no queda sino valorar y enorgullecerse por el respeto a las formas y normativa que han caracterizado a los cambios de mando de nuestro país.

Si bien detrás de la legitimidad de nuestros procesos eleccionarios existen factores históricos, políticos y culturales muy relevantes, no hay que desconocer el fundamental rol que en ella juegan las instituciones y, en particular, el Servicio Electoral (Servel). La imparcialidad, confiabilidad y rapidez que caracterizan a los procesos de calificación de elecciones en Chile se deben en gran medida a la independencia y calidad técnica de dicha institución. Lo anterior le ha valido una significativa valoración ciudadana y la confianza de todos los sectores políticos.

El Servel también realiza labores en la fiscalización de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, y sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Sin lugar a dudas hay cuestiones que se pueden mejorar en la institucionalidad del Servel, destacando entre ellas el mecanismo con que se designan los miembros de su Consejo. Pero más allá de estos desafíos, una precondición sine qua non para que el Servel pueda desarrollar su importante labor es que tenga grados significativos de autonomía. Su rol, en ciertas coyunturas, es tomar decisiones que incomodarán a los partidos políticos: si no cuenta con la independencia y autonomía del caso, la autoridad podría inhibir la toma de estas decisiones.

Es importante recordar que la calidad e independencia del Servel han sido el resultado de un progresivo fortalecimiento de su marco normativo. Un avance fundamental consistió en la consagración de su autonomía constitucional, en el marco de la reforma aprobada el año 2015 de forma prácticamente unánime por el Congreso Nacional. Esta reflejó un acuerdo político transversal que surgió como respuesta a los casos de financiamiento irregular de la política que impactaron al país.

Considerando lo anterior, resulta sorprendente que la autonomía constitucional del Servel no haya sido incluida explícitamente dentro de las bases institucionales acordadas para el nuevo proceso constituyente. Estas mencionan la autonomía de la ‘justicia electoral’, la cual se referiría a órganos jurisdiccionales tales como el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. La buena noticia es que las mismas bases reconocen que los órganos que participarán en el proceso podrán establecer autonomías constitucionales adicionales a las expresamente mencionadas en el acuerdo. Con el objeto de fortalecer la integridad de las elecciones que tanto esfuerzo ha costado construir, resulta fundamental que la autonomía del Servel sea discutida e incorporada a la propuesta constitucional que se presentará a la ciudadanía durante este año.

El nuevo proceso constituyente se presenta como una oportunidad privilegiada para consensuar nuevos principios que permitan recomponer el funcionamiento del sistema político, establecer incentivos para la adopción de acuerdos y generar la capacidad de procesar oportunamente las reformas exigidas por la ciudadanía. Ello implicará que quienes se involucren en el proceso tendrán que hacer un esfuerzo para explorar nuevos diseños institucionales y acordar reformas que generen cambios virtuosos en el sistema democrático. Al mismo tiempo, deberá existir conciencia de la necesidad de recoger los logros obtenidos en estos últimos años, incluyendo por cierto la autonomía constitucional del Servel.