A raíz de la propuesta del gobierno de modificar la Ley de Inclusión Escolar aprobada durante la presidencia de Michelle Bachelet, se ha levantado una serie de críticas por los términos utilizados para referirse al procedimiento actual de ingreso a la educación pública. Tanto en la campaña del presidente Sebastián Piñera como durante estos últimos meses se han utilizado constantemente los términos «azar» y «tómbola» para referirse al mecanismo de determinación de ingreso a los colegios públicos cuando la demanda es mayor que la oferta. Sin embargo, transversalmente una serie de expertos y organizaciones han criticado esto ya que en ningún caso se trata de un sistema basado en esos factores, sino un algoritmo que se utiliza en otros países y que toma en cuenta las preferencias de los padres, donde más de un 80% ha quedado seleccionado en uno de los establecimientos de su preferencia.

Si bien es legítima la discusión sobre si la selección o el mérito son necesarios para mejorar la educación pública de nuestro país, creo que es relevante que en temas de interés público como este, nuestras autoridades sean responsables con los términos que utilizan y que éstos se condigan con la realidad. Intentar influir en la opinión pública a través de la tergiversación de información no es responsable y, lamentablemente, es algo que estamos viendo más usualmente de lo que queremos.

En el tema de migrantes es algo que se ha hecho muy usual y que, tal como revela la reciente encuesta de Espacio Público e lpsos. tiene efecto en la opinión de la ciudadanía. Por ejemplo, autoridades han señalado—sin evidencia alguna que lo fundamente- que el aumento escandaloso del VIH en Chile podía deberse a que los migrantes traen muchas enfermedades. Lo mismo ocurre cuando recurrentemente nuestras autoridades, cada vez que hablan de migración, hacen alusión a la necesidad de reforzar la seguridad del país, lo que hace asociar inmigrantes con delincuencia.

Afortunadamente medios de comunicación y organizaciones han ido enfrentando este fenómeno a través de la verificación del discurso público, como lo ha hecho Chile Check, sin embargo el hecho de ostentar un cargo público debiese exigir un mínimo de responsabilidad y rigor en las declaraciones públicas que se realizan.