
Las reformas previsionales son difíciles de tramitar; involucran complejos aspectos sociales, económicos y políticos. A ello se suman las evidentes tensiones ideológicas que generan, manifestadas por ejemplo en discusiones sobre el papel de la solidaridad (en la derecha) y el rol de los privados en la seguridad social (en la izquierda).
Considerando lo anterior y las experiencias de los últimos gobiernos, la concreción del acuerdo en pensiones sería uno de los logros políticos más importantes de los últimos años.
La reforma implicará costos para todos los sectores políticos. Para el Gobierno supone una renuncia a sus propuestas iniciales en materia de distribución de riesgo y reorganización de la industria. No obstante, la propuesta contiene avances relevantes en solidaridad y cambios significativos a la industria previsional, que mejoran las pensiones actuales y futuras, y reducen brechas de género. Además, se suma el fortalecimiento del pilar contributivo.
Esto es importante no sólo porque el porcentaje de cotización ha permanecido estático desde el inicio del sistema de capitalización individual, sino también porque el ahorro fue debilitado con los retiros de fondos previsionales.
Aunque muchos hubiéramos querido mecanismos que compartieran mejor el riesgo, la propuesta tiene tres elementos que aumentan la solidaridad del sistema. Primero, se fortalece el seguro de lagunas para cubrir las cotizaciones en casos de cesantía con cargo a un fondo solidario. Además, se reduce la brecha de género asociada a la mayor expectativa de vida de las mujeres y sus menores tasas de reemplazo, mediante el ‘bono tabla’.
Por último, se mejoran las pensiones actuales en 0,1 UF por año cotizado (con un tope de 2,5 UF y sujeto a requisitos de años de cotización), con cargo a un aporte de los cotizantes con rentabilidad protegida. Lo anterior implicará aumentos relevantes y rápidos en las pensiones de las y los jubilados.
Respecto a la industria, la licitación del stock de afiliados es una medida fundamental para aumentar la competencia en el mercado de las AFP y reducir las comisiones que cobran a los cotizantes. Frente a un servicio que los trabajadores están obligados a contratar, es clave que el Estado asegure que el precio cobrado sea acorde a su costo efectivo. Asimismo, se simplifican las reglas de inversión y se instauran los fondos generacionales, entre otros cambios.
Por cierto, hay elementos del acuerdo que deben ser revisados en mayor detalle, especialmente en relación a la sostenibilidad fiscal de la reforma. La opinión del Consejo Fiscal Autónomo es relevante en esto. En la medida que se atiendan estos aspectos, lograr por fin la materialización de una reforma sería una respuesta importante a las demandas ciudadanas por mejores pensiones y por actores políticos capaces de llegar a acuerdos.