Con el comienzo del año se levantó una nueva polémica para el Presidente Sebastián Piñera por el nombramiento de la hija de un amigo y ex socio en un cargo apetecido y con alta remuneración en Nueva York. Con los días nuevos antecedentes surgían, corno que a los pocos meses se le había subido el sueldo, lo que finalmente llevó a su renuncia. Las críticas surgieron por la escasa experiencia laboral de la agregada, lo que hacían dudar de que el nombramiento más bien se originaba en la relación de amistad de su padre con el Presidente, que por cumplir con el perfil. No es primera vez que se dan este tipo de cuestionamientos ni se trata de un problema de este gobierno, sino que es algo que se viene repitiendo cada cierto tiempo. Esto nos lleva a concluir que se trata de un problema estructural y que requiere de cambios profundos para que profesionalicemos nuestro Estado y realmente esté al servicio de los ciudadanos y no de los gobernantes.

Hace una semana, cuatro centros de estudios de diversas visiones presentamos dos propuestas en materia de modernización del Estado. Una de ellas se refería al empleo público y gestión de personas donde el diagnóstico es claro: en la administración central más de un 70% de los funcionarios están en calidad de contrata u honorarios lo que implica un vínculo laboral precario y susceptible de contrataciones y despidos discrecionales. La regla general de la planta y el ingreso por concurso hoy es la excepción.

Si queremos un Estado moderno, con funcionarios de Estado y no de gobierno —que respondan a los intereses de los gobernantes de turno-, debemos reformar esto de manera urgente. El ingreso al servicio público debiera ser por regla general por un concurso público transparente donde lo que prime sea el mérito y no militar en un determinad,: partido politico, ser pariente o amigo de. Como excepción, algunos cargos cercanos a las autoridades políticas, como sus asesores, podrán ser de confianza.

Si bien se trata de una reforma que genera consenso en el mundo técnico, no vemos que haya piso político para llevarla a cabo. Es urgente que dejemos de mirar el Estado como un «botín de guerra» de los políticos de turno y que elevemos los estándares así como profesionalicemos la función pública.