El fin de semana se reveló que Chile no estuvo fuera de la órbita del caso Lava Jato como suponíamos. Un reportaje reveló que OAS -una de las empresas constructoras en Brasil que estaba coludida para obtener contratos públicos de manera ilegal a través de sobornos y financiamiento ilegal de la política- también habría operado en Chile.

Gracias al financiamiento legal e ilegal de campañas políticas, consiguió reuniones con ministros y autoridades para darse a conocer. Hasta ahora no hay señales de que haya obtenido contratos en Chile de modo irregular.

Si bien lo anterior no es una novedad y ya se develó como una práctica común para financiar la política con los casos Penta y SQM, pone en evidencia la necesidad que había de reformar las antiguas normas de campañas electorales, así como de establecer mecanismos formales de acceder a las autoridades, como ocurrió con la Ley de Lobby, en vigencia desde el 2015.

El financiamiento a la política no puede ser un modo de acceder de manera privilegiada a las autoridades y, aún más grave, de capturar la política para intereses particulares. Las nuevas reglas tienen como objetivo evitar lo anterior, a través de la prohibición del financiamiento de empresas, entregando mayor transparencia de quiénes son los donantes y estableciendo límites más bajos y estrictos de los montos a donar. Además hoy tenemos sanciones más altas y un Servel más capacitado para fiscalizar.

Sin embargo, esto no obsta a que estas irregularidades sean investigadas, particularmente si existen delitos de tráfico de influencia, soborno u otros, como se ha dado con el caso Odebrecht en varios países de la región.

El Presidente Piñera en su cuenta pública del viernes pasado anunció mayores penas para los delitos de corrupción. Esperemos que a esto se sumen herramientas que en otros países han sido eficientes para investigar estos delitos como la delación compensada y la protección de denunciantes.