Durante estas últimas semanas se ha abierto una intensa discusión sobre un tema clásico en políticas públicas, que se vincula a la incidencia de los conocimientos técnicos y la evidencia en la adopción de decisiones democráticas, especialmente cuando se discuten proyectos de ley como el de 40 horas que provocan un amplio debate sobre los costos que no estamos viendo, pero también sobre los desacuerdos que tenemos en ciertos valores, un asunto especialmente complejo cuando se trata de la incertidumbre en las relaciones laborales del futuro.

Mientras el gobierno ha puesto énfasis en la defensa del ‘cesarismo presidencial’, es decir, en las atribuciones que le son exclusivas, las diputadas patrocinantes han desmerecido sin más los análisis económicos o derechamente han señalado que frente a ellos existe un valor prioritario que es el bienestar de las familias.

La insistencia del Presidente de la República en defender la iniciativa exclusiva más allá del texto de la Constitución, puede tener consecuencias peligrosas en el funcionamiento del sistema democrático, porque reduce el margen de acción del Congreso y lleva a los parlamentarios a generar iniciativas irresponsables, porque trasladan todo el peso de la decisión e información necesaria para resolver a la voluntad presidencial.

Un presidencialismo en exceso vertical provoca que malas iniciativas promovidas por el Congreso no asumen ningún costo desde la perspectiva de la rendición de cuentas que exige el sistema democrático.

¿Cómo hacer entonces un Congreso genuinamente responsable de las iniciativas que promueve? La manera razonable de abordar este problema es fortalecer sus propias capacidades para contrarrestar el gran poder que el Ejecutivo posee en la discusión de los proyectos de ley, una iniciativa que ya fue propuesta por el estudio elaborado por Espacio Público en 2016 por Engel, Repetto, Sara y Wagner, que consideraba el establecimiento de una ‘Dirección Parlamentaria de Análisis Técnico’, como medio para emparejar la cancha en el trabajo legislativo.

Pero, además, la Cámara de Diputados voluntariamente, mas no el Senado, solicitaron a la OCDE la elaboración de un estudio que permitiera incorporar criterios para evaluar la calidad de las iniciativas legislativas.

El informe fue entregado en 2012 y la Cámara hasta ahora, de forma tímida, ha ido incorporando alguna de sus recomendaciones, pero para llevarlas a cabo se requieren de reformas estructurales a su funcionamiento.

Un genuino debate de política pública parte de la base de mejorar el trabajo legislativo y para esto resulta indispensable fortalecer las capacidades del Congreso. Esto implica aceptar que la iniciativa exclusiva del Presidente tiene espacios acotados para su operación, porque su amplitud bajo el argumento del gasto público indirecto, puede constituir el mejor camino para un ejercicio autocrático del poder.