La semana pasada, en una entrevista radial y sin que mediara provocación, el Presidente de la República volvió a repetir una crítica recurrente desde su primera administración: culpar a los jueces de los problemas de seguridad ciudadana. Sus declaraciones son particularmente graves, porque afirmó que “los jueces no están aplicando la ley, están fallando de manera equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y esos jueces no pueden seguir así”.

La respuesta no se hizo esperar. La Corte Suprema, a través de su vocero, respondió que “hay un deber de la autoridad superior del Estado que no se está ejerciendo”, dejando entrever que si hay alguien que no está cumplimiento con su responsabilidad es el Ejecutivo. Recordó también que, de acuerdo a la Constitución, el Presidente debe “velar por la conducta ministerial de los jueces”, denunciando ese hecho a la Corte. Pero esto no quedó ahí. El viernes recién pasado, en el juramento de nuevos abogados, el Presidente (s) de la Corte interpeló directamente al Jefe de Estado, al indicar que “la caricatura no forma parte del sano intercambio de ideas”. Y le recordó también que las personas —el pueblo fue la expresión que utilizó— tiene suficiente conocimiento para saber en quién radican las competencias para “garantizar la seguridad ciudadana”.

Lo sucedido por estos días, da cuenta de un peligroso problema del Presidente Piñera, que radica en no comprender —al menos eso dan cuenta sus regulares intervenciones— en qué consiste la independencia judicial. Lo anterior es especialmente delicado, si se considera que su gobierno está promoviendo en la actualidad, entre un conjunto de “reformas institucionales”, una vinculada a los nombramientos judiciales.

Uno de los aspectos centrales de un sistema legal es que en un número importante de casos solemos tener desacuerdos, y por eso los abogados son educados acerca de una manera específica de razonar. Porque los desacuerdos del derecho no son los de la política, ya que esta última suele reclamar soluciones contingentes sin importar las reglas. Por eso la “cuestión institucional” es tan importante: porque aceptamos que sujetos imparciales como los jueces deben resolver las controversias esenciales de nuestra sociedad sin temor a “la venganza de los litigantes”. Esto nos permite convivir sin violencia, aceptando que esos desacuerdos son resueltos por una institución legítima.

El Presidente ha dado cuenta, nuevamente, de que al menos en su discurso público no asimila la importancia simbólica de su rol institucional. La condición de Jefe de Estado que le reconoce la Constitución le exige ser prudente en sus juicios, especialmente cuando se trata de una base esencial de la democracia: la independencia judicial.