La agenda política ha estado marcada por las tensiones en la inscripción de la primaria oficialista. En una decisión difícil de entender desde fuera de los círculos partidarios, el PS proclamó a Paulina Vodanovic como carta propia para competir contra la candidata mejor aspectada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD).
Finalmente, la fuerza de las encuestas hizo recapacitar al PS y Vodanovic bajó su candidatura a último minuto. Quienes seguimos de cerca la contingencia hemos escuchado y leído múltiples análisis de lo ocurrido. Sin embargo, cabe preguntarse cómo se percibe esta disputa entre los ciudadanos que miran la política con distancia. ¿Qué distinciones programáticas existen, para el votante medio, entre el PS y el PPD? ¿Qué diferencias de fondo justificaban la decisión de llevar dos candidatas distintas? Lamentablemente, la imagen que se proyecta es la de grupos sumidos en confrontaciones internas motivadas por lógicas partidarias inaccesibles para los no militantes. La progresiva desconexión del mundo político con la ciudadanía tiene múltiples causas. Entre ellas un diseño institucional que ha fomentado un proceso de personalización de la política, en desmedro del fortalecimiento de partidos programáticos y con capacidad de representación. Un sistema de listas abiertas y pactos electorales, que además permite las candidaturas independientes en cupos de partido, promueve la selección de candidaturas basadas en atributos personales antes que la construcción de proyectos colectivos. Actualmente se tramita en el Senado una reforma al sistema político. Aunque es valioso el esfuerzo por enfrentar este problema desde una iniciativa transversal, cabe preguntarse si las soluciones propuestas van en la dirección correcta.
La principal medida del proyecto consiste en establecer un umbral mínimo del 5% de los votos de la elección de la Cámara para que los partidos tengan representación en la cámara baja. Más allá de las dudas técnicas que existen frente a este trasplante institucional —alertadas, entre otros, en informes del CEP y de Espacio Público—, la medida tiene el riesgo de complejizar aún más un sistema electoral que ya es opaco. Esto resulta poco aconsejable en un contexto de alta desconfianza institucional, especialmente existiendo como alternativa la eliminación de los pactos electorales, que tendría efectos similares en la disminución de la fragmentación, al tiempo que simplificaría las reglas electorales. Nuestro sistema político necesita cambios para adaptarse a las nuevas realidades sociales y para corregir incentivos a la fragmentación y el personalismo. Pero la premura de la elección que se avecina a fin de año no puede llevarnos a adoptar medidas que profundicen los problemas actuales de representación, alejando aún más a los electores de sus representantes.
