Hace poco más de una década, en el proceso de ingreso de Chile a la OCDE, uno de los temas sensibles fue la situación de los gobiernos corporativos de las empresas públicas. La evaluación sobre el país no era positiva. Era un sistema atomizado y la política mantenía fuertes poderes de designación e influencia en los directorios, comprometiendo la capacidad de las empresas.

En 2008, para reaccionar a esa objeción, la administración Bachelet I presentó un proyecto de ley para regular los gobiernos de estas empresas. Sin embargo, el Congreso no lo tramitó. Eso forzó a lograr un acuerdo, en 2009, para reformar únicamente la principal empresa pública del país, Codelco, y así cumplir con los estándares que la OCDE exigía. En 2013 la administración Piñera I intentó un nuevo proyecto para reformar y profesionalizar los directorios de esas empresas, pero nuevamente no existió interés. En octubre de 2017, la administración Bachelet II volvió con una nueva iniciativa en este tema, pero hasta ahora el Congreso no la ha tramitado.

Con los gobiernos corporativos de las empresas públicas pasa algo similar que con la reforma al empleo público: existe un amplio consenso técnico y se han desarrollado iniciativas, pero el Congreso, al momento de resolver el problema, decide no actuar. El elemento común es que le otorga a la política una influencia excesiva en las designaciones, en asuntos que por su naturaleza deberían operar con independencia. Al no hacerlo se facilitan un conjunto de malas prácticas, incentivando la cultura del botín y la transacción en los cargos públicos.

El caso del expresidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, es un claro ejemplo de esto. Una persona que siendo ministro, tras un cambio de gabinete, es trasladado al frente del directorio de una empresa pública que cumple un rol clave en el desarrollo de la banca, sin que tuviese trayectoria y conocimiento del sector, y que al cumplir seis meses en su cargo se marcha para iniciar una aventura presidencial, utilizando la imagen del banco en su despedida.

Este tipo de hechos es lo que justifica implementar las recomendaciones de la OCDE. No podemos tratar a las empresas públicas como simples instituciones gubernamentales, sometidos a la exclusiva confianza de quien ejerce la presidencia de la República. Estas cumplen un rol clave en diversos sectores de la economía, y los contribuyentes se merecen que sean gestionadas por profesionales que respondan como tales.

El Presidente Piñera sostuvo, en sus dos campañas, que había que erradicar las malas prácticas del pasado, que al Estado debían llegar los mejores y que sus cargos no eran un botín a repartir para pagar favores políticos. El incidente Sichel muestra la fragilidad de esas promesas.