El frustrado viaje del Presidente de la República a un exclusivo seminario en Yellowstone dejó en evidencia uno de los asuntos más preocupantes de la segunda administración del Presidente Piñera: un cierto olvido de la canónica distinción entre la persona que ocupa el cargo y la función que desempeña.

La tesis de los asesores de palacio, al parecer, fue que a una invitación de estas características el Presidente podía asistir como simple persona natural. Esto explicaría que, como cualquier funcionario público, podría tomar un par de días administrativos y sufragar por sí mismo los gastos del viaje, para evitar inconvenientes.

Al actuar de ese modo, sin embargo, se olvidan reglas elementales de la función presidencial. Es probable que hasta este incidente muchos no supieran que el Presidente de la República es un cargo regulado sustancialmente en la Constitución. Eso explica que su función sea permanente, que esta establezca sus obligaciones desde el día en que es elector y que existan reglas explícitas sobre el contenido de su juramento, lo que supone, entre muchas otras cosas, que la subrogancia sea excepcional y constitucionalmente cualificada.

Es conveniente recordar que bajo el texto original de la Constitución de 1925 el Presidente tenía prohibido ausentarse del país sin acuerdo del Congreso. Cuando Eduardo Frei Montalva recibió una invitación del Presidente de Estados Unidos para visitar ese país en 1967, se negó esa autorización como parte de asuntos de política interna. Aquello justificó la incorporación de una regla, en la reforma constitucional de 1970, en virtud de la cual se requería la autorización del Senado solo si el viaje era superior a quince días. Esa reforma, sin embargo, dejó en evidencia la forma y modo en el cual la tradición constitucional chilena entendía la función presidencial como una actividad continua y permanente. Algunos de los redactores de la Constitución de 1980 tenían plena conciencia de esto y mantuvieron el estatuto constitucional de la Presidencia en términos similares a como había sido construido hasta 1970.

Se equivocan, entonces, quienes creen que la crítica a este viaje es simple demagogia. En los tiempos que corren, en los cuales lo permanente se transforma en transitorio y conquistas de la democracia que creíamos irreversibles se cuestionan con la impunidad propia de la ignorancia, la conciencia institucional del cargo que se tiene es fundamental para proteger lo público. Por eso, hoy más que nunca, el Presidente debería escuchar con atención a sus asesores constitucionales. Porque hemos aprendido, desde nuestra independencia, que el respeto a las formas públicas es la base de la legitimidad de aquel poder democrático que él tiene en la actualidad.