Un antecedente importante mencionado por el Ejecutivo en el mensaje del proyecto de ley para justificar la polémica ampliación a los controles de identidad, que hemos discutido estas semanas, son los resultados de la encuesta Plaza Pública n° 270 de Cadem de marzo pasado.
En efecto, el mensaje señala textualmente que ‘un 63% del universo encuestado…está de acuerdo con la propuesta anunciada por el gobierno’ (p. 8). Este mismo argumento ha sido utilizado en el debate público para justificar esta medida, a pesar de la múltiple evidencia que muestra su ineficacia e inconveniencia.
Esta semana hemos conocido los resultados de la Cadem n° 274 que señala que solo un 31% de los encuestados se manifiesta de acuerdo con la reforma tributaria. También que la aprobación presidencial es de 36% y la desaprobación sube al 52%.
Si seguimos el mismo razonamiento aplicado a los controles de identidad, ¿significa esto que el gobierno evalúa no persistir en la reforma tributaria?, ¿el Presidente de la República reflexiona sobre la posibilidad de renunciar para honrar a la opinión pública? Es evidente que no, y que tampoco sería deseable que así lo fuera.
Esta contradicción da cuenta de la importancia que tiene que en materia de seguridad pública elevemos la calidad del debate. La autoridad tiene el deber de hacer políticas públicas en esta materia con el mismo rigor y seriedad que lo hace en otras. Hasta el momento, lamentablemente estamos bastante alejados de ese estándar.