Esta semana comenzó el juicio oral por el Caso Corpesca, donde se busca establecer si la empresa y los ex parlamentarios Jaime Orpis y Marta lsasi habrían incurrido en diversos delitos de corrupción, particularmente de cohecho, al recibir cuantiosas sumas de la empresa pesquera -240 y 80 millones, respectivamente- presuntamente para votar a favor de los intereses de ésta durante la discusión de la Ley de Pesca. Se tratan de acusaciones de alta gravedad y que serán una prueba de fuego para el Ministerio Público y su capacidad de demostrar en juicio hechos tan complejos como los que se acusan, particularmente porque rigen las normas previas a la reforma a los delitos de corrupción del año pasado, que tipificó el cohecho en razón del cargo. Esto implica que se deberá comprobar no sólo que los parlamentarios recibieron recursos de manera injustificada por parte de la empresa -lo que al parecer está bastante acreditado e incluso reconocido por su ex gerente general-, sino que esos dineros tuvieron por objeto que ellos votaran a favor de los intereses de la empresa, algo que ambos niegan.

La corrupción muchas veces es difícil de descubrir y parece correcto que para desvirtuar la presunción de inocencia de la que todos gozamos se deba convencer con pruebas al tribunal de que efectivamente el delito se cometió.

Sin embargo, nuestras reglas para el futuro cambiaron y ahora sólo basta con que autoridades o funcionarios soliciten o reciban dineros a los que no tienen derecho para que se constituya un delito de cohecho.

Lamentablemente en este caso, aún tendremos que ver cómo el Ministerio Público se las arregla para comprobar hechos tan difíciles y, en caso de hacerlo, la aplicación de penas bajas para la gravedad de los hechos. Sin embargo, la señal es potente: ver a ex parlamentarios en el banquillo de los acusados y saber que corren nuevas reglas debería ser lo bastante disuasorio para que se piense dos veces antes de recibir mesadas de empresas de manera ilegal.