Ahora es el turno del Poder Judicial. Recientemente se destapó un supuesto caso de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde se encuentran suspendidos en sus funciones y siendo investigados, tres ministros de dicho tribunal. Al parecer habrían recibido pagos para favorecer a algunas personas con sus sentencias y habrían nombrado en cargos a familiares y otras personas cercanas.

Los hechos denunciados son graves y ponen el foco en una institución que, al menos hace un buen tiempo, no había estado expuesta a escándalos de este tipo, como ha ocurrido en otros países de la región. En Colombia hace unos años se conoció el denominado «Cartel de la Toga», donde abogados y jueces cobraban grandes cifras de dinero a cambio de influir en decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, estando involucrado incluso el Fiscal Anticorrupción. Perú también fue fuertemente golpeado el año pasado por un escándalo de corrupción en el sistema judicial, donde se pagaba por sentencias y que implicó el retiro de altas autoridades y una reforma en la materia.

Si bien el Poder Judicial está reaccionando, investigando estos hechos y a otras posibles personas involucradas, este debe constituir un llamado de atención de qué procesos se pueden perfeccionar para que no se expanda la corrupción e incluso de supervisar que este tipo de situaciones no esté ocurriendo en otros tribunales del país. Por ejemplo, en varias ocasiones se ha puesto atención en nuestro país en los sistemas de nombramientos de altas autoridades, donde en ocasiones hay excesiva intervención del poder político y procesos que, en pleno siglo XXI, deberían ser más transparentes y con rendición de cuentas. El régimen de sanciones también puede ser revisado, especialmente considerando que uno de los principales implicados en este caso, ya fue sancionado en años anteriores, lo que claramente no fue suficiente.

La corrupción es dañina en cualquier entidad pública, pero el hecho que se produzca en el mismo Poder Judicial debe preocuparnos, por el impacto en la impunidad de quienes cometen delitos.