En el año 2013 se develó públicamente el Caso Corpesca, donde la empresa habría sobornado a dos parlamentarios para que la favorecieran en la tramitación de la ley de pesca aprobada por nuestro Congreso en 2012.

Hace unas semanas, el ex gerente de la compañía, Francisco Mujica habría aceptado haber efectivamente pagado esos sobornos en un acuerdo con la fiscalía, a la ex diputada Marta Isasi y al ex senador Jaime Orpis. Para este último, quien niega haber votado a favor de la pesquera en contraprestación de los recursos recibidos, la fiscalía pide 21 años de condena.

La sanción solicitada para el ex empresario por el reconocimiento del soborno de dos parlamentarios es de dos penas de 541 días —a cumplirse en total libertad-más una multa de 60 millones de pesos. Así se comienzan a obtener algunas condenas por financiamiento ilegal a la política y cohecho que investiga la fiscalía.

La empresa también está siendo investigada por estos delitos y arriesga sanciones de mil millones de pesos y prohibición de 5 años de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Son pocas las empresas que, desde 2009, han sido condenadas por corrupción.

Hay casos emblemáticos, como el de ciertas universidades que pagaron sobornos a la Comisión Nacional de Acreditación, las que fueron condenadas a multas. Por otra parte, SQM llegó a un polémico acuerdo con la fiscalía para el sobreseimiento vía multa, por contar con un sistema de prevención de delitos que, sin embargo, no evitó pagos ilegales a campañas ni, al parecer, sobornos.

Si bien es positivo que se avance en esclarecer estos casos que remecieron la política y la confianza ciudadana en nuestras principales instituciones, no podemos estar satisfechos con los resultados y esto constata la demanda de la sociedad civil y expertos, en que debemos avanzar en establecer condenas acordes con la gravedad de los delitos.

Cuesta creer que alguien que reconoce pagar sobornos a dos parlamentarios se vaya tan tranquilamente para la casa.