Conforme al Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, publicado esta semana, Chile mantiene el retroceso respecto de su puntuación anterior a 2015 y continúa por quinto año consecutivo con el mismo puntaje (67). ¿Cómo puede la nueva Constitución ayudar a salir del estancamiento?
Primero, partamos recordando que la Constitución actual ha sido parte del problema. Los ejemplos son muchos. Autonomías constitucionales han impedido tener un mismo estándar de transparencia en todos los órganos del Estado. Dificultades para fiscalizar recursos de corporaciones municipales; para hacer efectiva responsabilidades de autoridades por hechos de corrupción, o para permitir que personas sancionadas por graves hechos ocupen cargos públicos o sigan contratando con el Estado. Además, muchas de las leyes que fijan estándares se han definido como orgánicas constitucionales (‘LOC’), haciendo difícil su modificación. Por lo mismo, no sorprende el estancamiento que marca nuestra percepción de corrupción.
La nueva Constitución puede permitir un paso decisivo para mejorar estándares, aprender de errores y avanzar. Por ello se valoran las propuestas de constituyentes sobre probidad, reglas anticorrupción y transparencia, con varios aspectos importantes que esperamos sean aprobados. También hay numerosas propuestas ciudadanas en el mismo sentido.
Son destacables las coincidencias en relevar el principio de probidad y las exigencias de coordinación en la materia. También extender deberes de transparencia a quienes ejercen funciones públicas, al igual que establecer nuevas inhabilidades, consagrar el deber de promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado. En cuanto a los mecanismos concretos para prevenir conflictos de intereses, parece adecuada la técnica de varias propuestas de entregar tales definiciones al legislador, con un mandato amplio y cuidando no configurar un ‘techo’ en esta materia.
Será importante consagrar el derecho y deber de velar por la integridad de la función pública; es importante empoderar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. De ahí que también la protección de testigos y denunciantes de corrupción sea clave, no solo en el ámbito de la administración central del Estado. Casos como los de quienes denunciaron corrupción en las FF.AA. y luego fueron cesados en sus cargo no podrán volver a ocurrir. Por último, el principio de control y fiscalización de los recursos públicos debe permear toda la Constitución y tener consagración expresa para evitar las sombras de las autonomías constitucionales que hoy tanto nos pesan.
Las propuestas ya están sobre la mesa, y los días que siguen en la Convención Constitucional serán clave en la definición de ese nuevo marco que nos permita salir del estancamiento.
