A raíz de la dificultad de algunos candidatos presidenciales y parlamentarios para obtener créditos de la banca para sus campañas, han vuelto al tapete las recientemente aprobadas nuevas reglas de financiamiento a la política. Recordemos que estas surgieron de los casos Penta y SQM que tanto escandalizaron a la opinión pública y que destaparon un entramado de financiamiento irregular a la política, particularmente de empresas a través de boletas denominadas ideológicamente falsas.

Como consecuencia de lo anterior, a principios del año pasado, se aprobaron por el Congreso una serie de reformas a las normas de financiamiento a la política que se implementaron por primera vez en las elecciones municipales pasadas.

Entre ellas, se prohibió el financiamiento de empresas a candidatos, se redujo el límite al gasto electoral a prácticamente la mitad –excepto para las elecciones municipales-, se aumentó considerablemente el financiamiento del Estado –vía anticipos y reembolsos-, se estableció un límite máximo de aportes propios que los candidatos pueden realizar y se dio mayor transparencia a todo el sistema de aportes privados. Todo lo anterior con el objetivo de una mayor rendición de cuentas de candidatos y autoridades electas hacia la ciudadanía, evitar la captura de la política por parte de intereses privados y equiparar la cancha entre los distintos aspirantes a cargos de elección popular.

A diferencia de lo que han señalado varios, estas nuevas reglas en nada vienen a cambiar la posibilidad de los candidatos de acceder a créditos del Banco Estado o la banca privada. En ese aspecto, salvo la prohibición de que estos realicen donaciones, en nada se innovó y, por el contrario, se estableció un mecanismo de pago directo con los reembolsos correspondientes. Por esto, extraña que se hagan llamados a hacer cambios a leyes recientemente aprobadas por estas dificultades. Las razones de estas negativas se deben a una interpretación que hace más de 20 años tiene el Banco Estado sobre la posibilidad de otorgar créditos a parlamentarios en ejercicio (por una disposición constitucional de larga data), o a que los bancos privados no quieren asumir riesgos, ya sea por motivos reputacionales o por la imposibilidad de cobrar los créditos ante eventuales fracasos electorales.

El acceso al crédito es una forma relevante de financiar campañas con cargo al reembolso que luego hace el Estado. No cabe duda de que es un modo que puede contribuir a equiparar la cancha para candidatos desafiantes que no cuentan con ciertas ventajas propias de un incumbente, o para independientes que no cuentan con las espaldas y apoyo de un partido político. Por esto, no hay que cerrarse a buscar fórmulas para que esta opción siga siendo un modo importante de financiar campañas.

Sin embargo, lo anterior no puede implicar que retrocedamos en estándares en los cuales hubo consenso hace un año atrás, como el prohibir el financiamiento de empresas. Tampoco abrir la puerta a malas prácticas que se han visto en el extranjero, como préstamos bancarios simulados, que luego son condonados, de modo que finalmente se tratan de una donación encubierta o que los créditos sean pagados por terceros de manera poco transparente o con vulneración a las reglas de donaciones.

Para que los principios que orientaron las nuevas reglas se respeten, el acceso al crédito debe ser bajo reglas equivalentes para todos, transparentes y que de garantías a los bancos e instituciones financieras para que no asuman solos los riesgos propios de una elección –ya sea mediante la exigencia del aval de una persona o un partido, por ejemplo-.

Las nuevas reglas no están escritas en piedra y pueden seguir perfeccionándose con el aprendizaje obtenido de su implementación en las elecciones municipales y de este año. Sin embargo, hay que estar atentos a que no abramos nuevas puertas a financiamiento irregular que impliquen una captura de la política. Eso solo puede llevar a continuar aumentando la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas y desincentivar la participación.