Interpelado sobre el cambio de sus posiciones en el periodo de entreguerras, John Maynard Keynes sostuvo: ‘Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted no?’. Esta afirmación suele ser utilizada para defender el pensamiento independiente cuando se trata de asuntos públicos, en los cuales la adaptación a nuevas realidades requiere de flexibilidad y menos arrogancia.

El sábado, el Presidente Piñera señaló, en una entrevista, que estaba estudiando ‘reformas’ a la Constitución, repitiendo aspectos que ya se encontraban en su programa y en la agenda de ajustes institucionales del exministro Chadwick. Sin embargo, el ministro Blumel anunció anoche, tras una reunión con su coalición, que optarían por un Congreso Constituyente, sin entregar más detalles. En dos días el cambio de posición fue radical.

El Gobierno reconoce así el inicio de un proceso constituyente —uno que en los hechos ya comenzó— que requiere ser en-
cauzado en un procedimiento propio como medio que permita retomar el diálogo como mecanismo de convivencia, bajo criterios democráticos comúnmente aceptados; es decir, inclusivo, representativo y sin coacciones de ningún tipo. Una solución de ese tipo siempre ha sido institucional. Técnicamente un Congreso Constituyente implica elegir representantes con el propósito prioritario de dictar una nueva Constitución, que luego debe ser plebiscitada. Aceptar este mecanismo y establecer sus reglas, así como quienes pueden ser electos y las cuotas para su integración son asuntos que deberá resolver este Congreso.

Las razones de algunos para oponerse a este proceso han sido que la Constitución no resuelve los problemas de las personas; que existen textos bien escritos pero inútiles, o que muchos de los problemas tras esta crisis se pueden resolver con adecuadas políticas públicas. Sin embargo, esos argumentos olvidan quizás el aspecto central de este debate.

Las reglas constitucionales distribuyen el poder entre los individuos, la sociedad y el Estado, y lo hacen en términos verticales y horizontales. Por eso, una Constitución es un texto político que necesita de un pacto. Resolver el problema constitucional adecuadamente, es decir, sin imposiciones y mediante un procedimiento participativo, es también una cuestión de seguridad, la clave para la sanidad democrática, la estabilidad social y el desarrollo económico.

A estas alturas poco importa quién tenía la razón antes de esta crisis. Lo único cierto es que la forma de salir de ella es con los actores políticos y sociales que tenemos, todos los cuales, tras lo ocurrido en los últimos veinticinco días, probablemente aprecian las cosas de un modo distinto. Los hechos cambiaron y, con ello, también la manera de comprender nuestros estrechos mundos.