El jueves de la semana pasada el parlamento turco aprobó una ley que establece penas de cárcel para quienes difundan noticias falsas. Esta vez el tema no son los medios de comunicación, que ya fueron aleccionados tras el intento de golpe en 2016. Erdogan ha sostenido que la ‘ley contra la desinformación’ busca proteger los derechos fundamentales y la democracia. Hay quienes desconfían de que con su aprobación se busque limitar la libertad de expresión, a un año de las elecciones.

Esta ley se suma a otras destinadas a penalizar la ‘amenaza contra la verdad’. Fue lo que sostuvo Putin en una ley aprobada en 2019, normas que ha radicalizado en las modificaciones de marzo de este año, que castigan hasta con quince años de cárcel a quienes difundan ‘información deliberadamente falsa bajo la apariencia de información fiable’ respecto de las operaciones de Rusia en el extranjero. Sus normas han sido utilizadas como eficaz medio para perseguir rivales políticos.

El mismo ejemplo es el que ha seguido Ortega en Nicaragua. En 2020 logró aprobar una ley para castigar a quienes ‘difundan informaciones falsas’. Tan pronto se dictó, especialistas en derechos humanos cuestionaron su contenido y fue calificada como una ‘ley mordaza’. Esta ha sido una de las principales herramientas del régimen para encarcelar opositores y censurar medios de comunicación. Los defensores de Ortega también han argumentado que sus normas son para proteger la democracia. A principios de este mes sus reglas fueron invocadas para acusar a diecisiete opositores por conspiración.

Revindicar ‘verdades absolutas’ y la ‘democracia con adjetivos’ es lo que suelen hacer los de espíritu autócrata para suprimir las opiniones disidentes y reivindicar sus particulares formas de comprensión del sistema democrático. Los populistas exigiendo la ‘verdad’ suelen ser especialistas en la estrategia de los ‘hechos alternativos’.

La semana pasada, después de la viralización de declaraciones deliberadamente adulteradas de la ministra Camila Vallejo, políticos profesionales y medios de comunicación con deberes editoriales se sumaron a la difusión de estas, sin ningún tipo de cuestionamiento. Aquella irresponsabilidad pavimenta la tarea de los promotores de la ‘regulación de la verdad’, y con ello facilita el instrumento que necesita cualquier líder autoritario para suprimir las discrepancias.

Por eso las leyes que buscan controlar el contenido de los medios son peligrosas. Y, por lo mismo, quienes participan del debate público, incluidos los medios de comunicación, deben ser los primeros verificadores de lo que difunden. Porque lo que demuestra la reciente ley de Erdogan es que, una vez que se logró controlar la ‘verdad’ en los medios, no es muy difícil avanzar a censurar el teléfono en su bolsillo.