Entre los temas mencionados por el Presidente Boric en su cuenta pública, la agenda de integridad ha recibido relativamente poca atención. Ello se explica en parte porque las referencias al tema fueron breves y sin grandes anuncios, centrándose en dar cuenta del trabajo de la Comisión Jaraquemada y el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP).
El informe de la referida Comisión ha sido un insumo relevante para mejorar la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. La Comisión propuso 46 medidas, cuya implementación distingue entre las de corto, mediano y largo plazo. Según los reportes de Chile Transparente, existe un avance general de un 38%, mientras que las medidas de corto plazo (que debían implementarse en 30 días) sólo registran un 59% de cumplimiento. Por tanto, el gobierno y todas las instituciones públicas involucradas (por ejemplo, la Contraloría) deben redoblar los esfuerzos para que las propuestas se materialicen en cambios reales y oportunos.
Por su parte, la ENIP es el resultado de un esfuerzo por construir participativamente un plan de acción comprensivo en transparencia e integridad, con el objetivo de convertirse en una política de Estado. Con más de 200 medidas en cinco ejes temáticos, el desafío es priorizar la implementación de aquellas que realmente “muevan la aguja”. En ese sentido, se echó de menos que la cuenta pública diera mayores detalles sobre los proyectos concretos que harán avanzar la agenda anticorrupción, por ejemplo, en materia de regulación del lobby.
A fines de mayo, el Ejecutivo presentó una reforma a la Ley de Lobby, en línea con las recomendaciones entregadas recientemente por la OCDE. Aunque la legislación actual fue un avance en su momento, tras 10 años necesita una actualización que se haga cargo de las nuevas formas de ejercer influencia. Además de los evidentes cambios tecnológicos, el panorama actual muestra un rol cada vez más protagónico de los centros de estudio. En Chile nos hemos acostumbrado a no exigir a las organizaciones que intervenimos en el debate público la entrega de un mínimo de información que permita detectar eventuales conflictos de interés. Es por eso que la OCDE recomienda avanzar en mayores estándares de transparencia sobre nuestro financiamiento, haciendo obligatoria una buena práctica que venimos impulsando desde la sociedad civil.
Sin duda, las necesidades de Chile son muy diversas e incluyen demandas en seguridad, salud, pensiones, medioambiente, migración y crecimiento económico. Esto no significa que la agenda de integridad y la lucha contra la corrupción deban quedarse atrás. En efecto, para hacernos cargo de estos y otros desafíos necesitamos de un Estado más probo, un debate público más transparente, y un sector privado comprometido con mejorar las reglas del juego.
