Nuestro país pasa por momentos difíciles. Al estallido social, la pandemia y una profunda crisis económica, se agregó la postergación del calendario electoral y una nueva cuarentena generalizada. Todo ello abona a un ambiente de polarización, con campañas que tratan de marcar diferencias y son amplificadas luego en redes sociales que, ante la ausencia de interacciones personales, resultan cada vez más determinantes. Además, estamos en el último año de un gobierno desgastado, y en la víspera de elecciones que renovarán prácticamente todos nuestros liderazgos nacionales. Finalmente, en dos semanas comenzaremos a construir y a acordar una nueva Constitución. Claramente estamos en el ojo de una tormenta, por lo que resulta lógico recoger las velas y preocuparnos por las urgencias. Nuestro deber es ayudar a que el sistema político y económico llegue en las mejores condiciones para aprovechar esa ventana de oportunidad que nos abre el proceso constituyente.

¿Qué proponemos?
Lo primero es separar las discusiones sobre ayudas sociales producto de la pandemia, de aquellas orientadas a las reformas estructurales que se necesitan para fortalecer la seguridad social y el sistema tributario. Mezclar medidas de urgencia con reformas estructurales, especialmente en el contexto de un Poder Ejecutivo débil, arriesga terminar con políticas que empeoren los problemas existentes.

La crisis sanitaria, social y económica requiere que las ayudas sociales lleguen con agilidad a las familias. Para ello lo más eficaz es concentrar los apoyos en transferencias monetarias que tengan el menor número posible de restricciones (requisitos, procesos de postulación): hay que reforzar la entrega de recursos, entregando a las familias la mayor certeza posible mientras duren las consecuencias de la crisis sanitaria. También resulta fundamental descartar otras vías de ayudas cuya efectividad es discutible, como la reducción del IVA a ciertos bienes y el depósito de bonos en cuentas de pensiones.

En tercer lugar, debemos asegurar que los recursos lleguen a las personas que no tienen ninguna red de protección. Las alarmas son claras: está reapareciendo la desnutrición en algunos grupos vulnerables y el número de familias viviendo en campamentos crece de manera preocupante. ¿Están llegando las ayudas sociales a quienes sobreviven gracias a ollas comunes, viven en campamentos, sectores rurales o en situación de calle? Nos preocupa que la obligación de postular a los beneficios sociales en plazos acotados deje desprotegidos a quienes viven en la mayor vulnerabilidad. Para evitar aquello, el gobierno debe entregar un rol crucial a los municipios y las organizaciones de la sociedad civil que saben trabajar territorialmente.

Asimismo, es importante distinguir las ayudas para mitigar los problemas sociales de la epidemia con las ayudas necesarias para reactivar la economía. La participación laboral femenina ha retrocedido a niveles propios del siglo pasado, y se hace cada vez más precaria. Ocurre lo mismo con nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático, o con el crecimiento en desigualdad debido a la suspensión de actividades escolares. El programa de reactivación tiene que volver a diseñarse poniendo al centro el medio ambiente, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.

Respecto de las pensiones, necesitamos un compromiso transversal en torno a evitar nuevos retiros. Es una política popular, pero regresiva, poco efectiva con las urgencias de los más vulnerables y que además refuerza la triste idea de que en nuestra sociedad cada uno se rasca con sus propias uñas. Estamos destruyendo un sistema -que sin duda tiene problemas importantes- sin contar con una opción robusta y respaldada para instalarla en su reemplazo.

Por lo mismo, recomendamos postergar hasta el nuevo gobierno la reforma de pensiones. El proyecto de ley no tiene un diseño mínimamente coherente ni tampoco compartido; mientras que las comisiones mixtas no están diseñadas para abordar una reforma de este calibre. De perseverar en aprobarlo ahora, la implementación de lo que se apruebe tendrá enormes problemas, porque el proyecto carece de la densidad técnica suficiente y, probablemente, del apoyo político que requiere una reforma con implicancias de largo plazo en el bienestar de la ciudadanía. Así, es mejor iniciar un verdadero proceso de diálogo social en torno a las pensiones, con trabajadores, empleadores, expertos y las diversas organizaciones ciudadanas. La nueva Constitución ciertamente sentará nuevas bases que permitirán construir un sistema de seguridad social compartido, que fortalezca la solidaridad y asegure el equilibrio fiscal. Ella debe ser la base de un nuevo acuerdo en pensiones.

Por otra parte, existe una agenda pendiente en impuestos que resulta sencilla de implementar: eliminar exenciones y fortalecer medidas para controlar la evasión. En contraste, las medidas transitorias para recaudar suelen ser poco efectivas y aumentan la evasión. Tratándose del royalty, un volumen relevante de la actividad minera dejará de estar sujeto a invariabilidad tributaria en 2023, por lo que incluso medidas aprobadas ahora tendrán un impacto limitado.

Así, de manera similar a lo que ocurre en materia de pensiones, debemos abordar la regresividad y otros problemas estructurales de nuestro sistema impositivo con toda la responsabilidad que requiere este momento histórico. Los diferentes impuestos con que decidamos financiar el gasto fiscal deben funcionar de manera complementaria y armónica, lo que requiere legislar con tiempo y poner atención a los detalles: es preferible postergar la discusión legislativa hasta el nuevo gobierno, comenzando ahora un diálogo social y técnico. La posición fiscal actual de nuestro país es suficiente para financiar las medidas de emergencia. Cómo y cuánto elevar la recaudación fiscal es algo que requiere de un debate más profundo, además de conocer cuáles serán los equilibrios políticos que surjan de las múltiples elecciones que tenemos por delante.

Nuestro país pasa por momentos difíciles, pero no es la primera vez, ni tampoco será la última. Abramos espacios de participación para dialogar y avanzar en las reformas estructurales que Chile necesita, y abordemos la emergencia con la seriedad que necesita la ciudadanía. Hacer reformas estructurales sobre la marcha puede llevarnos por un camino que quizás tome décadas corregir y que terminará limitando la capacidad del proceso constituyente para construir un nuevo futuro.

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