La extensión de los sobornos y financiamiento irregular a la política que destapó el caso de Odebrecht, una constructora brasileña que envuelve a alrededor de 12 países, ha generado gran impacto en la región. Se encuentran en prisión preventiva por esto un ex presidente del Perú -y respecto de otro se está solicitando su extradición-, el vicepresidente de Ecuador, el ex mandatario de Guatemala y están siendo investigados una serie de políticos brasileños, entre ellos el ex presidente Lula Da Silva.

El detalle de cómo esta empresa operaba se supo en gran medida gracias a la figura de la delación compensada en Brasil y EE.UU. Esto implica que parte de los responsables dan información esencial para la investigación y persecución de estos delitos a cambio de inmunidad o rebaja de condenas. El ex presidente de la firma accedió a una condena de cárcel menor por sus declaraciones sobre cómo funcionaba el entramado.

La semana pasada un periódico informaba que un testigo clave brasileño accedería a declarar sobre una posible ramificación de corrupción en Chile por la acción de otra constructora brasileña, a cambio de inmunidad. Sin embargo, la Fiscalía Nacional lo descartó ya que nuestra legislación no contempla esa posibilidad. De este modo, se cierra la puerta a una posible investigación y sanción de estos hechos.

La delación compensada es una figura que existe en Chile para delitos como la colusión, pero no está exenta de críticas. ¿Por qué una persona o empresa que admite haber cometido delitos puede acceder a rebajas de penas o, incluso, a no ser objeto de ninguna sanción? Eso puede indignar, pero se trata de una herramienta que ha sido altamente efectiva . Creo que debemos plantearnos la posibilidad de admitir esta figura en nuestra legislación penal pero sujeta a ciertos resguardos. Si no, se corre el riesgo que casos tan graves como los descritos, queden en la absoluta impunidad.