El lunes 17 de junio la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, acudió a la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para presentar un nuevo proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de avanzar hacia la idea de legislar esta reforma, anunciada ya hace casi un año. Posteriormente, durante la semana se pudo conocer el texto de la propuesta.

Sin duda, la ampliación de las instancias de participación ciudadana dentro del SEIA es una buena noticia, ya que permite subsanar una distorsión del sistema en donde el acceso a la participación no está totalmente garantizada, al no estar disponible para las Declaraciones de Impacto Ambiental que no cuentan con cargas ambientales, situación que suele ocurrir para proyectos generalmente controversiales, como los mineros o energéticos. Asimismo, valoramos la mención a una capacitación ambiental y la ampliación de acceso a las reclamaciones por parte de la ciudadanía y el énfasis en el fortalecimiento de las comisiones regionales, eliminando la idea de crear las macrozonas.

Sin embargo, existe consenso en que el proceso actual de participación formal dentro del propio SEIA es insuficiente, desde una mirada de democracia ambiental, para empoderar a las comunidades que verán su territorio, patrimonio natural y medios de vida afectados en mayor o menor medida por cada proyecto. Tampoco el modelo propuesto es suficiente para prevenir conflictos, ni contribuye a aumentar la certeza jurídica de quienes invierten en los proyectos. Más bien es una participación tardía y baja incidencia, en que las principales decisiones del proyecto en torno a su ubicación, diseño y tecnología ya han sido establecidas. Por lo mismo, el desistimiento por parte del gobierno de debatir en torno a instancias de participación temprana que sean reguladas y con el Estado en un rol garante, pone en jaque los aspectos positivos de esta reforma. Tal como está ahora, se sigue invitando a la judicialización, la cual afecta a todos los sectores involucrados: a los inversionistas, al propio Poder Judicial y a las comunidades.

Que el Estado no genere instancias de participación tempranas, con información oportuna y entendible sobre los impactos del proyecto; incidente, donde los intereses de la comunidad y el proyecto sean igualmente considerados en la toma de decisiones sobre éste; ni garantizada, donde la participación cumpla los estándares que existen en la materia, lejos de mejorar las condiciones de participación podría incluso profundizar quiebres y continúa redirigiendo reclamos a los Tribunales Ambientales, sin ofrecer instancias previas de mediación de conflictos y espacios que permitan la generación de mejoras en los proyectos. Inclusive, diversos estudios dan cuenta de que el actual sistema no es ni eficiente ni eficaz en resolver la conflictividad territorial y produce frustración tanto en comunidades como en titulares de proyectos de inversión. Mientras el Estado no facilite diálogos simétricos entre los actores presentes en los territorios, se perpetúa la dinámica de conflictividad.

Como país necesitamos que el SEIA genere procesos robustos de evaluación ambiental, que permita estimar, prevenir y transparentar los impactos socioambientales, lo que es posible sólo con una participación ciudadana de calidad y procesos transparentes de toma decisiones. Al respecto, cabe recordar que Chile ostenta el más bajo nivel de gasto público ambiental del grupo de los países OCDE, con un 0,1% del PIB siendo incluso uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Por ello, avanzar en mejor fiscalización, contar con sistemas de ordenamiento territorial y mejorar profundamente la normativa ambiental son requisitos para el buen funcionamiento del SEIA.

Así, la reforma al SEIA debiera ir más allá de ser un mecanismo para regular procedimientos y buscar eventuales reducciones de plazos formales o virtuales. No hay nada mejor para la certeza jurídica -que el gobierno insiste como parte de su argumento- que generar condiciones de diálogo permanente que reduzcan la conflictividad ambiental.

Si no ponemos atención en la calidad de la participación y mantenemos un mecanismo simplemente formal en un procedimiento acotado, lo único que estamos haciendo es defraudar y generar desconfianzas -algo en lo cual existe evidencia disponible-, que al final del día perjudican los objetivos de una sensata política pública en materia de participación ciudadana. Esto finalmente es lo que deberíamos discutir pensando en el futuro, considerando además que el Proyecto de Ley de Cambio Climático exige precisamente considerar arreglos institucionales que permitan una gobernanza adecuada, donde la calidad de la participación es igualmente importante.

Una reforma al SEIA que amplíe y garantice la participación ciudadana de calidad representa una oportunidad única para lograr un avance en implementar una verdadera democracia ambiental en nuestro país, que mejore la confianza de todos los actores involucrados y especialmente de parte de los ciudadanos, que legitimen el funcionamiento de las instituciones públicas y que no requiere estar recurriendo constantemente al sistema judicial para resolver sus controversias.

A escasos meses de realizarse la COP25 en nuestro país, uno de los hitos más importantes en temas medioambientales del mundo, los aquí firmantes hacemos un llamado a las autoridades para que tomen este proyecto con la seriedad que necesita y merece Chile aumentando la ambición de la reforma.

Por último no podemos dejar de mencionar que el Mensaje con que el Ejecutivo despachó la primera versión de este proyecto aludía precisamente a la entonces inminente firma del Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que Chile promovió y lideró, pero cuya firma el Gobierno ha decidido posponer. El Acuerdo de Escazú es precisamente la herramienta con que cuenta hoy América Latina y el Caribe para fortalecer los procedimientos de entrega de información a la ciudadana, y de diálogo con las comunidades con el Estado jugando un rol garante, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº16 que busca precisamente la paz a través de instituciones justas y procedimientos sólidos.

Firman:

Instituciones

Ciudadanía Inteligente
CODEFF
Fundación Casa de la Paz
Espacio Público
ONG Semillas de Cambio
Núcleo Milenio en Energía y Sociedad (NUMIES)
Personas:

Álvaro Bello
Álvaro García
Anahí Urquiza
Andrea Sanhueza
Angélica France
Annie Duffey
Antoine Maillet
Carlos Silva
Carolina Stefoni
Claudia Bruna
Claudia Heiss
Claudio Fuentes
Constance Nalegach
Danae Mlynarz
Daniela Accatino
Diego Pardow
Dino Bozzi
Enrique Aliste
Enrique Infante
Evelyn Stevens
Fernanda Skewes
Fernando Campos
Gloria Baigorrotegui
Gonzalo de la Maza
Gonzalo Frei
Gustavo Blanco
José Luis Opazo
Juan Felipe López
Juan Luna
Lorena Schmitt
Lucía Dammert
Luis Cordero
Maite de Cea
María Eliana Arntz
Martín Arboleda
Mirtha Ulloa
Mónica Morales
Nicola Boregaard
Oscar Figueroa
Pablo Jaeger
Patricio Gross
Raul F. Campusano
Rodrigo Ferrada
Rodrigo Morera
Rosa María Olave
Sebastián Gray
Tomás Ariztía
Valentina Durán
Verónica Delgado
Vicente Espinoza
Víctor Herrero
Violeta Rabí
Wilson Reyes