Recientemente la OCDE, organización de la cual orgullosamente formamos parte, emitió su informe sobre el cumplimiento de Chile de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros, revisando tanto nuestra legislación como información proveída por el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Si bien hace reconocimientos de avance respecto de la última evaluación del 2014, también formula preocupaciones en diversas áreas donde considera que seguimos débiles. Dichas preocupaciones levantan temas que desde la sociedad civil -e incluso algunos parlamentarios- ya hemos señalado como necesarios de avanzar para combatir realmente la corrupción: falta de estándares claros y de rendición de cuentas por parte del Ministerio Público para aplicar suspensiones condicionales o procedimientos abreviados en casos de corrupción; falta de efectividad de los sistemas de compliance que se aplican en el sector privado; y, una deficiente
protección de denunciantes en el sector público, la que además es inexistente para el sector privado. Este último tema no es menor, dado que la corrupción es muy difícil de detectar y herramientas como contar con un buen sistema de protección a denunciantes o mecanismos de delación compensada –esta última recién incorporada en nuestra legislación para casos de corrupción- son esenciales para disuadir este tipo de hechos o para su persecución. Por lo anterior, no es de extrañar que Chile sea un país donde haya menos disponibilidad ciudadana para denunciar este tipo de actos, como demuestran las encuestas Latinobarómetro de 2017 y la realizada por Espacio Público e Ipsos el mismo año. No podemos exigirle a las personas que estén dispuestas a sacrificar su empleo o incluso poner en riesgo su integridad personal o de sus familiares para denunciar la corrupción. Avanzar en mecanismos que protejan a aquellos que se atrevan a denunciar estos hechos es lo mínimo que podemos garantizar. Hasta ahora, es la sociedad civil la que ha proveído este tipo de herramientas –como Ciudadano Inteligente y Chile Transparente-,supliendo así lo que el Estado no ha hecho.