No cabe duda que la crisis de confianza que afecta a nuestras principales instituciones políticas no es algo exclusivo de Chile, sino que -con contadas excepciones- está afectando a nuestra región de manera preocupante. Sin ir muy lejos, en Perú y Ecuador las cosas se complejizan cada día más.

Si bien cada país tiene su particularidad, no cabe duda que hay una gran distancia entre la ciudadanía y sus representantes, donde la corrupción ha jugado un rol relevante. Más de la mitad de las personas de la región creen que el Presidente o Primer Ministro y los parlamentarios son corruptos, según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional. En nuestro país, esa cifra sube a un 65% respecto de los parlamentarios.

Según la encuesta CEP, el Congreso, junto con los partidos políticos, tienen las peores cifras de confianza ciudadana -ambos con un 6%-. Si miramos en general otros indicadores de corrupción, el panorama en nuestro país es más alentador e incluso con cifras más cercanas a países desarrollados. Entonces, ¿por qué en Chile nuestro Congreso genera tanta desconfianza y lejanía?

A mi juicio, uno de los motivos son las constantes noticias de abuso de su posición y recursos de ciertos parlamentarios o los privilegios que se percibe que aún tienen. Se trata de autoridades de alta remuneración y responsabilidades, sin embargo, con menor control y exposición a sanciones que otras de rango similar, como un Ministro. Recientemente se reveló que un diputado habría utilizado los recursos estatales para arrendar un auto para otros fines, al parecer personales. El Ministerio Público ya está investigando e imagino que la Cámara de Diputados hará lo mismo, pero las sanciones que esta última podrá imponer probablemente sean de una multa que no represente más del 15% de su dieta mensual -nada muy doloroso-.

Si bien la labor parlamentaria tiene ciertas particularidades y no se sujeta a horario, es hora de que en materia de probidad, transparencia y rendición de cuentas se equipare a las de la Administración Central. La falta de fiscalización y sanción externa generan esta sensación de impunidad y privilegio que deterioran cada vez más la ya decaída imagen de nuestros parlamentarios.