La semana pasada, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado rechazó una apelación de Chile Transparente sobre los contratos e informes realizados por asesores externos durante 2015 y 2016. Si nos remontamos más atrás, esta solicitud se origina en una investigación realizada por un noticiario sobre “copy paste» en varios de estos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que abrió una investigación del Ministerio Público para comprobar que los recursos públicos utilizados para ello, no fueron desviados a los bolsillos de los propios Parlamentarios o de quienes presentaron boletas ideológicamente falsas por servicios no realizados.

Lo anterior devela dos cosas no menores: en primer lugar, el Congreso -y particularmente el Senado- mantienen una actitud de defensa corporativa denegando el acceso a información generada con recursos públicos, tanto respecto de la ciudadanía general como del Ministerio Público, con distintas excusas. Esto sólo contribuye a seguir aumentando la desconfianza sobre esta institución esencial para nuestra democracia y las sospechas particulares del posible mal uso de los recursos públicos destinados a asesorías externas.

En segundo lugar, la necesidad urgente de que el Congreso cuente con una entidad externa -como ocurre con la administración del Estado y Contraloría-que dirima este tipo de controversias y realice las labores de fiscalización y establezca sanciones cuando se infrinjan las normativas de transparencia, probidad y otras.

Lamentablemente, el proyecto de ley que pretendía hacerse cargo de las deficiencias anteriores, duerme «el sueño de los justos» hace más de un año en el Senado y no se ve mucha voluntad ni del Gobierno ni de los propios parlamentarios de revivirlo. El modelo de autorregulación y de «juez y parte» que impera en el Congreso ha demostrado ser insuficiente. Se hace necesario y urgente avanzar en estas materias para, de a poco, dar señales a la ciudadanía que contribuyan a aumentar la tan baja confianza en nuestros representantes.