Una de las normas más cuestionadas de la segunda propuesta constitucional fue la eliminación de las contribuciones para la vivienda principal. Luego del triunfo del “En contra”, la exención fue recogida por el programa del Presidente Kast y terminó siendo aprobada esta semana, para los adultos mayores, en el marco de la Megarreforma. Lamentablemente, todo indica que la fórmula acordada – que nada tiene que ver con el crecimiento económico – pasará a la historia como una mala política pública.

Los impuestos territoriales son comunes a nivel comparado y suelen destinarse a financiar los gobiernos locales y el desarrollo de las ciudades. Se trata de un impuesto eficiente, porque genera mínimas distorsiones en el mercado inmobiliario, y progresivo, ya que sólo grava las viviendas de mayor valor y lo hace de manera proporcional. En Chile, el 77% de las viviendas está exento, y los fondos recaudados se distribuyen entre los municipios donde se ubican las propiedades gravadas y el Fondo Común Municipal (FCM).

Se suele señalar que algunos contribuyentes tienen problemas de liquidez con las contribuciones: aunque vivan en una casa cara, no tienen los flujos necesarios para pagar el impuesto. Existen soluciones a ese problema, como mecanismos para posponer el pago o incluso exenciones focalizadas.

Ninguna de esas alternativas parece haber sido analizada en la tramitación de la Megarreforma. El gobierno decidió avanzar con la exención total para adultos mayores, probablemente motivado por razones ideológicas y por la popularidad de la medida en un sector de su base electoral. Así, los beneficiados serán los adultos mayores dueños de las viviendas más caras del país, sin importar sus ingresos.

Ante el comprensible reclamo de los municipios que veían afectados sus presupuestos, el Congreso optó por compensar totalmente la pérdida de recaudación (de unos $190 mil millones) con cargo a rentas generales. Esto implica que no sólo se repondrá lo que dejará de recibir el FCM, sino que unos $80 mil millones de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes – incluidos quienes menos tienen, a través del IVA – se destinarán directamente al financiamiento de las comunas más ricas de Chile.

La regresividad de la solución es francamente sorprendente. En un contexto de estrechez fiscal, ¿cómo puede ser razonable que el Estado decida priorizar el financiamiento directo de comunas como Vitacura y Las Condes por sobre necesidades urgentes en materias de seguridad, salud y educación?

La apremiante desigualdad territorial de nuestras ciudades es un diagnóstico compartido transversalmente y ha orientado los esfuerzos de sucesivos gobiernos. La medida aprobada esta semana representa un claro retroceso en ese camino, con el agravante de que sus efectos sólo se profundizarán a medida que la población envejezca.