Mientras la mayoría celebrábamos Nochebuena, en Perú y Brasil ocurrieron dos cosas que, para algunos, fueron el mejor regalo de Navidad y, para muchos otros, nos parecieron bromas del Día de los Inocentes: el Presidente PPK le otorgaba el indulto al ex Presidente Fujimori, condenado por corrupción y violación a los derechos humanos; mientras en Brasil, Temer daba el tradicional ‘indulto navideño’ a una serie de condenados, entre los que se contarían varios sancionados por la trama de corrupción de Odebrecht, lo que la Justicia estaría frenando en estos días.

Lo anterior refuerza la sensación de impunidad que opera en la región para delitos de corrupción. Mientras los delitos comunes como el hurto, piratería y otros similares son perseguidos por las autoridades, otros que pueden ser aún más graves, como el soborno, tráfico de influencias o fraude al fisco, son escasamente investigados y sancionados efectivamente.

En Chile también tenemos nuestra propia dosis. Hasta antes de las reformas del 2016, el financiamiento ilegal de la política casi no tenía sanciones. De hecho, los pocos casos que se han sancionado han sido bajo la figura de fraude tributario por boletas ideológicamente falsas. Afortunadamente esto cambió y en el futuro, casos como estos tendrán mayores repercusiones.

Para qué hablar de las sanciones actuales a los delitos de corrupción: la mayoría de ellos contempla de 60 días a 3 años, a diferencia del estándar internacional que va de 5 a 10 años. Es decir, si se descubre a un funcionario recibiendo una coima, probablemente no pase un solo día en la cárcel.

Tanto el Gobierno como el Congreso han promovido reformas. Hay un proyecto de ley que eleva estas penas (aunque lamentablemente no la mínima en todos los casos) y que está ad portas de ser despachado. Ojalá en el mes que queda de sesiones de este Congreso se despache y así demos una señal fuerte: acá en Chile los corruptos no se la llevarán pelada.