Con el objetivo de contar a futuro con un modelo de policía democrática, los directores de Espacio Público Mauricio Duce y Lucía Dammert presentaron una serie de propuestas para reformar a Carabineros de Chile y así, superar la crisis de desempeño, control y pérdida de legitimidad percibida en amplios sectores de la población.

Las medidas buscan transformar a Carabineros en cuerpos policiales altamente profesionales, especializados y que cumplan satisfactoriamente los estándares de eficacia y respeto a los derechos que impone el Estado de Derecho.

Entre las medidas se propone asegurar mejora de niveles profesionales contando con programas de formación para generar habilidades requeridas para cumplir sus funciones; mejorar capacidad institucional para producir prueba pericial de calidad; crear un Sistema Nacional Forense unificado que tome los actuales recursos disponibles en distintas instituciones del Estado (incluyendo LABOCAR; LABOCRIM y otros) y lo víncule orgánicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además Duce y Dammert proponen avanzar en el vínculo del trabajo policial territorial con alcaldes y alcaldesas. Todas estas iniciativas, se sugiere, comiencen de manera incremental.

Para Mauricio Duce y Lucía Dammert esta reforma requiere ser llevada “con y no contra las policías, lo que significa que se debe obtener el compromiso de la propia institución e identificar liderazgos adecuados para participar de este proceso”. Para ello, “la autoridad política debe establecer y utilizar incentivos que promuevan una participación institucional leal y comprometida con el proceso de cambio”, señalan los autores.

Para salir de la crisis de credibilidad y confianza por la que atraviesan las policías, los directores de la institución proponen, entre otras medidas, traspasar todos los delitos que hoy son objeto de competencia de la justicia militar a la justicia civil; reducir a un mínimo los gastos reservados de Carabineros de Chile, alcanzando un monto que se justifique en orden de las necesidades de gasto en inteligencia, y deberán rendir cuenta de los mismos de manera semestral a la Contraloría General de la República y reformar el artículo 436 del Código de Justicia Militar, eliminando el carácter secreto de las plantas o dotaciones de Carabineros de Chile y de sus planes de operación y servicio, estableciéndose reserva pública sólo para información que pongan en riesgo serio la seguridad institucional con antecedentes concretos.

Finalmente, los expertos presentaron ideas y propuestas respecto al actuar de Carabineros para ayudar a enfrentar de manera inmediata los problemas de orden público, violencia, delincuencia y abusos policiales generados estas últimas semanas en distintas regiones del país y la garantía de derechos humanos. En este sentido sugieren: distinguir con claridad prioridades a partir de los actos de violencia y delincuencia y crear grupo de tarea especializado en identificar a bandas o individuos que realizan saqueos o incendios y establecer una unidad policial de respuesta rápida frente a situaciones de urgencia.

Los autores sostienen que es “indispensable que se adopten algunas medidas que garanticen el respeto a la ley y responsabilidad frente a situaciones de abusos y potenciales violaciones de derechos humanos”. En esta línea señalan: Suspender de inmediato a los funcionarios que tienen denuncias en su contra por abusos y violaciones de derechos humanos; generar un sistema de intervención y monitoreo de las unidades policiales y comisarías que tienen más denuncias de abuso policial y violación de derechos humanos; exigir el uso de la identificación en los uniformes de los carabineros que permita identificar con precisión a los distintos funcionarios que intervienen en las actividades de control de orden público, prevención e investigación.

Además Duce y Dammert proponen implementar una política clara de mostrar preocupación por las víctimas, manteniéndolas informadas de las medidas de no repetición adoptadas y ofreciendo ayuda concreta; llevar un registro completo de todas las situaciones de abuso, violaciones de derechos humanos o incumplimiento de protocolos denunciadas o identificadas, de manera que sirvan para mejorar posteriormente la instrucción policial. Además se debe fortalecer el uso de test de drogas a los funcionarios y suspender de funciones a los que den resultados positivos e incluir de manera efectiva y real a observadores de la misma institución en los procedimientos, de modo que puedan rendir cuentas de la actuación de Carabineros al alto mando.

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