A dos días de su firma en Nueva York y por decisión de Cancillería, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informó que el gobierno no va a ratificar el Acuerdo de Escazú, tratado regional entre 24 países de América Latina y el Caribe que busca garantizar el derecho a un medioambiente sano, el acceso a la información ambiental, la participación y el resguardo ciudadanos.

Respecto a esta decisión, que paradojalmente fue adoptada en medio del conflicto socioambiental en Quintero y Puchuncaví, nuestras directoras Valentina Durán y Andrea Sanhueza junto a la abogada Constance Nalegach argumentan que «Chile propuso esta iniciativa el 2012, presidió su etapa preparatoria, co-presidió la negociación e involucró a países e instituciones internacionales para el buen éxito de este proceso. Hasta que entre en vigor el tratado, los países que participaron de la negociación mandataron a Chile que continúe con su liderazgo bajo el lógico entendido que estaría – como la gran mayoría- dentro de los primeros países firmantes».

«Chile ha ganado gran prestigio internacional dado el liderazgo en este proceso y ha logrado contrarrestar las críticas respecto de que es ¨´mal vecino´ y que ´solo mira al norte´. Al no firmar, perderá todo este prestigio ganado de país que honra sus compromisos internacionales en un momento sensible, a días del fallo de la Corte Internacional de Justicia», afirman.

Si bien el país no asistió a la firma del acuerdo en la ceremonia del pasado jueves 27 de septiembre en Nueva York, Valentina Durán, también directora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, argumenta que el país «puede enmendar el rumbo, si firma a la brevedad. Así demostramos compromiso, no perdemos co-presidencia del acuerdo y con una ventaja: ya todos conocen y valoran su importancia para Chile y América Latina y El Caribe». Es por ello que instamos al gobierno a reconsiderar esta decisión, que tal como señala la siguiente declaración a la que Espacio Público adhiere, sólo es una pésima señal para la región y para el mundo.

Del mismo modo y al igual que Valentina Durán, nuestro director Luis Cordero y destacados abogados como Paz Zárate, Branislav Marelic, Constance Nalegach, Ana Lya Uriarte, Rafael Asenjo, Felipe Meneses, Arturo Brandt y Marie Claude Plumer adhirieron la carta de Abogados(as) por la Firma del Acuerdo de Escazú.

En la declaración, más de 130 abogados afirman que este tratado «reafirma compromisos suscritos por Chile en acuerdos internacionales y desarrollados en su legislación interna, para elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socio-ambientales en los territorios. Con ello se espera reducir y prevenir la innecesaria judicialización que preocupa tanto al sector privado como a las comunidades y al sector público, promoviendo el diálogo, la restauración de las confianzas y el adecuado funcionamiento de las instituciones». Argumento que va en la línea de la investigación realizada por Espacio Público en diciembre del año pasado sobre la necesidad de mejorar el acceso ciudadano a la Superintendencia del Medioambiente y los Tribunales Ambientales.

«Por último el tratado refuerza los compromisos ambientales de Chile pero no impone ninguna obligación adicional, distinta de avanzar y no retroceder en estas garantías, cuestión muy importante. No obstante los desafíos de gestión que tenemos por delante, su implementación no precisa en principio modificaciones legales y es consistente con el avance de nuestra regulación, siendo así como lo han entendido el sector empresarial, la academia, ONGS, y ambos bloques políticos nacionales», agregaron.

Revisa nuestras propuestas sobre:

Acceso a la justicia ambiental
Diálogos territoriales frente a proyectos de inversión