¿Es posible utilizar argumentos humillantes como parte de la crítica política? ¿Es la negación de la tragedia un medio para promover el odio contra quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos? Ambas preguntas están en el corazón de un asunto que resolvió la semana pasada la Corte Suprema al confirmar la ilicitud de las expresiones utilizadas por el diputado Johannes Kaiser, en YouTube, en defensa de condenados por crímenes de la dictadura.

Sostuvo que “escuchen bien en la Suprema, estaban bien fusilados la gente en Pisagua (…), porque les voy a decir una cosa, toda esa gente que fue fusilada (…), la inmensa mayoría estaba metido o en grupo de opositores subversivos o era parte de carteles de drogas que tenían laboratorios en el norte”. Kaiser se defendió ante los tribunales señalando que sus palabras eran opiniones políticas consecuencia de “debates activos, firmes y desafiantes”

La Corte, sin embargo, señaló que sus dichos eran un abuso de la libertad de expresión, y que en el ejercicio de esta no se puede afectar la honra de quien no tiene posibilidad de respuesta; un asunto especialmente grave cuando se pretende tergiversar hechos establecidos judicialmente en condenas por delitos de lesa humanidad.
Pero la decisión es algo más profunda. La Corte Suprema, en una sentencia redactada por la ministra Angela Vivanco, por primera vez califica palabras de este tipo vinculadas con la defensa de las actuaciones de la dictadura como “discurso de odio”, en la medida que lo que estas expresiones buscan, indicó, es incitar, promover o justificar la hostilidad basada en la intolerancia, un asunto que no sólo afecta a las víctimas, sino que compromete a la sociedad en su conjunto.

La resolución de la Corte llega en un momento difícil. En agosto, el diputado Cristián Araya ofició al Servicio Electoral para que se entregara información del número de detenidos desaparecidos que existen en el padrón electoral para evitar fraudes, desconociendo el contenido de una ley que busca recordar a las víctimas. En noviembre, un grupo de diputados rechazó las partidas presupuestarias relacionadas con derechos humanos, y la diputada Sofía Cid afirmó que esos dineros debían ser reasignados “a otras partidas que realmente reflejen las necesidades de las personas”. Aunque el Senado revirtió la medida, los argumentos señalados en la Cámara implicaban degradar los recursos destinados a la memoria.

En 2023 se cumplirán cincuenta años del golpe de Estado, el inicio de una pesadilla para miles de familias que fueron afectadas por los delitos de la dictadura. De ahí que la sentencia de la Corte es una advertencia que la memoria y el respeto a las víctimas son una frontera inexpugnable para el debate político, un mínimo de decencia en una sociedad democrática.