El domingo el programa Informe Especial dedicó su capítulo al caso Tragamonedas. Hay varias revelaciones que sorprenden e impactan. Por ejemplo, en las escuchas telefónicas se devela el supuesto financiamiento ilegal de la política de candidatos a diputado, alcaldes y CORES con el fin de que, a cambio, los favorezcan con el otorgamiento de patentes para operar ilegalmente estas máquinas fuera de casinos o con regulaciones a favor de esta industria. Asimismo, se revela el vínculo entre este gremio y la esposa del senador Pizarro, la cual habría recibido suntuosas sumas de dinero por servicios no claros.

Hay varias interrogantes, a su vez, que quedan planteadas, como el rol de la esposa del senador y por qué este vínculo no está informado en las declaraciones de intereses y patrimonio que el senador está obligado a realizar. Por otra parte, se mencionan pagos por la redacción de una moción parlamentaria e incluso como «premio a una moción parlamentaria». ¿A quiénes fueron estos pagos y si se trataron de sobornos? Cuesta creer que esto no se trate de actividades ilícitas.

Por otra parte, difiero de lo señalado por el senador Pizarro en el programa, en cuanto no habría un conflicto de interés por los intereses económicos y comerciales de su esposa. De hecho, la norma que los regula respecto de los integrantes del Congreso es clara al decir que «no se podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges», entre otros parientes. Pero el principal problema es la deficiente regulación, fiscalización y sanción de estos conflictos en el Congreso. No existe un ente autónomo -como Contraloría para la administración del Estado- que supervise que las declaraciones de intereses están completas y son veraces, que en casos concretos no ha habido un conflicto de interés y que, en caso que lo hubo, establezca sanciones. El grave desprestigio de esta relevante institución para nuestra democracia es precisamente por denuncias y casos como este, por lo que más que reducir parlamentarios o sancionar la inobservancia de las urgencias, lo que realmente se requiere es fortalecer la aplicación de las normas de transparencia y probidad. Deuda urgente y, por lo que se ve, no apremia.