A comienzos de este año, una serie de escándalos políticos salieron a la luz pública, destapándose el financiamiento irregular a campañas de diversos políticos, casos de tráfico de influencias y poniendo en tela de juicio la credibilidad de gran parte de la clase política y empresarial del país.

Esta situación, que fue catalogada por diversos actores como una “verdadera crisis institucional”, derivó en una serie de acciones concretas para enfrentarla. Así, en marzo del 2015, la Presidenta Michelle Bachelet presentó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

Dicha instancia, presidida por el presidente de Espacio Público, Eduardo Engel (donde también participaron dos de nuestras directoras, Andrea Repetto y Marcela Ríos) elaboró un detallado informe con más de 230 propuestas, entregado a la Presidenta Bachelet el 24 de abril de este año. Lo anterior, según el Decreto Presidencial que dio origen al Consejo Asesor, con objeto de “proponer un nuevo marco normativo para lograr el eficaz control del tráfico de influencias, prevención de la corrupción y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre estos”.

A ocho meses de la entrega de dicho informe, ya se contabilizan 21 medidas y proyectos de ley que buscan dar cumplimiento a la denominada “Agenda de Probidad”, cuyos principales avances se registran en las mejoras para un financiamiento de los partidos políticos más transparente y una efectiva democracia interna.

Sin embargo, los cambios propuestos a la relación entre dinero y política no han estado exentos de polémicas y reticencias desde algunos actores, enfrentando dificultades para su aprobación. Ante esto, Eduardo Engel asegura que el rol de la ciudadanía es clave para lograr los cambios: “Necesitamos una ciudadanía empoderada e informada, que valide los liderazgos pro agenda de probidad que han ido emergiendo y que ejerza presión para que la agenda avance cuando aparecen obstáculos. Son las organizaciones sociales y la ciudadanía quienes deben exigirle a sus parlamentarios que apoyen los proyectos de probidad y transparencia, y son ellos quienes deben premiar con su voto a los candidatos comprometidos con las reformas”, asegura.

“Observatorio Anticorrupción”

Conscientes de la importancia de contar con una ciudadanía más informada, es que Espacio Público junto a la Fundación Ciudadano Inteligente presentaron en el mes de noviembre el “Observatorio Anticorrupción”. “Esta iniciativa busca presentarle a la ciudadanía, de una forma fácil y oportuna, el avance de la Agenda Anticorrupción en el Congreso”, explica la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada.

Para dar forma al Observatorio, se tomaron como base las cinco áreas del informe del Consejo Asesor Presidencial: Prevención de la corrupción; Regulación de los conflictos de interés; Financiamiento de la política para fortalecer la democracia; Confianza en los mercados; e Integridad, ética y derechos ciudadanos. Además, participaron 28 expertos, quienes revisaron las 236 propuestas de la Comisión, las jerarquizaron y les asignaron valores para resaltar aquellas que resultan fundamentales de aprobar.

De acuerdo a los resultados arrojados por el Observatorio, hay un 48% de avance en el total de las medidas presentadas, con una nota de calidad de 4,1 “La agenda anticorrupción es una maratón. Vamos en el kilómetro 20 y hemos logrado sortear varios obstáculos con éxito. Lo que viene, sin embargo, es lo más difícil, ya que nada asegura que lleguemos a la meta. El desafío del 2016 será ese: contar con las medidas de probidad aprobadas y en funcionamiento, para así fortalecer la democracia y seguir avanzando en el desarrollo del país”, afirma Eduardo Engel.

Por su parte, María Jaraquemada plantea que aún quedan desafíos en relación a temas importantes, como la fiscalización de la ley de gasto electoral y una nueva regulación de partidos políticos. En cuanto a esto, enfatiza en la necesidad de “contar pronto con una nueva legislación de campañas, financiamiento a la política y, particularmente su fiscalización, ya que a mediados del próximo año tendremos primarias municipales y debemos contar con nuevas reglas, dadas que las actuales han demostrado no ser eficientes”. Por otra parte, destaca que “hay avances en la nueva ley de partidos políticos, sin embargo quedan perfeccionamientos pendientes para el Senado, como fiscalización externa, procedimientos objetivos y no discriminatorios de ingreso de afiliados y el régimen patrimonial de éstos”.

Desafíos para el próximo año

Si bien los expertos coinciden en la importancia de los avances que se han logrado en el transcurso del año, para el 2016 las expectativas están puestas en terminar de aprobar los proyectos, con miras a las próximas elecciones de alcaldes. En particular, los proyectos sobre la relación entre dinero y política tienen que estar aprobados a fines de enero para que el Servel alcance a contratar los profesionales y diseñar los procesos que necesita para sus nuevas responsabilidades y fiscalización.

“La corrupción es un país es la manifestación de problemas institucionales, de gobiernos corporativos débiles, de legislaciones con vacíos importantes, de reguladores sin dientes, de sanciones sin poder disuasivo. Durante el 2015 conocimos esto y más, en el mundo empresarial y de la política, además de la iglesia y el fútbol. En lugar de cinismo, hemos reaccionado con asombro y, a veces, espanto. Esto es sano. La diferencia, es que el mundo cambió y ahora sabemos que estos casos ocurren, por lo que tenemos una oportunidad para modificar nuestras legislaciones e instituciones para que a futuro tengamos una mejor democracia”, enfatiza Eduardo Engel.