El fin de semana que pasó se realizó la VIII Cumbre de las Américas en Lima, cuyo tema principal fue la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, todo mientras se está investigando y procesando a diversas autoridades (actuales y pasadas) de varios países de la región por el caso de corrupción transnacional de Odebrecht.
Los países participantes lograron consensuar el “Compromiso de Lima”, una declaración de 57 puntos donde se acuerda avanzar en temas como fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción; garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito; promover o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales en materia de gobierno abierto, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales; impulsar la adopción o fortalecimiento de las medidas legislativas para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros semejantes; y proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias.
Muchos de estos puntos abordan materias donde en la mayoría de la región existen serios déficits que constituyen un caldo de cultivo para la corrupción. Sin embargo, se trata de compromisos genéricos y que pueden quedarse en meras declaraciones de buenas intenciones. La buena noticia es que al menos hubo un acuerdo entre todos de abordar la temática y se logró una declaración conjunta que en ocasiones falla por posturas ideológicas diversas.
Ahora será rol de cada gobierno y de la sociedad civil concretar estos puntos en reformas precisas y ambiciosas. Chile ha avanzado en muchas de estas materias, pero aún nos queda camino para consolidar mayores y mejores herramientas de detección y sanción de la corrupción.
