El Tribunal Constitucional (TC) se ha transformado en el organismo clave para la aprobación del proyecto de ley sobre aborto en tres causales. Mientras la derecha afirma que éste viola el derecho a la vida, otros han puesto énfasis en la composición del TC, especialmente en su próximo presidente, un juez conservador.
Un análisis de este tipo es parcial. La decisión será trascendentalmente compleja para el propio TC. Este no es un problema entre derechas e izquierdas o entre Gobierno y oposición, es sobre el tipo de interpretación constitucional que permita dar legitimidad a las reglas que autorizan a decidir situaciones difíciles en una sociedad moderna.
Lo que se discutirá en el TC no es una ley que admita el aborto libre, en que se otorgue a la mujer un derecho autónomo. Es algo bastante más modesto. Se traduce en conciliar la adopción de decisiones en condiciones dramáticas que afectan el derecho a la vida y la integridad, también para la madre. ¿Es ésta una situación nueva para el TC? No, el año 1995 el Congreso discutió la ley de trasplantes y la derecha impugnó la certificación de la muerte encefálica porque afectaba el derecho a la vida. En esa oportunidad el TC, de mayoría conservadora al igual que hoy, tuvo que desechar la objeción, señalando que era necesario que el sistema legal estableciera criterios para resolver situaciones complejas, sin temor al castigo penal. El proyecto que se discute en la actualidad sólo despenaliza tres hipótesis excepcionales para dar certezas a todos quienes participan. Esto para el derecho, el único criterio que debe utilizar el TC, resulta bastante obvio.
Un segundo aspecto que muchos no consideran es que las explicaciones para resolver un caso constitucional no pueden basarse en las sagradas escrituras, aunque algunos pasen por alto los elementos básicos del debate democrático en un Estado laico. Esto es relevante, porque en la composición del TC existen al menos 7 ministros reconocidamente católicos, incluido su actual presidente. La pretensión de invocar la fe como argumento olvida que para fallar estos asuntos se debe interpretar la Constitución de un modo en que ninguna convicción religiosa se vea beneficiada por la preferencia moral de sus jueces.
Aunque varios consideren que la presidencia del TC es importante para este caso, se descuida que en su resolución estará en juego la sobrevivencia y prestigio de la propia institución. Esta sólo será posible de sostener si los argumentos que invoque para decidir son legítimos constitucionalmente, considerando incluso los asuntos que sus pares han resuelto en otras democracias del mundo, dado que la vida es un derecho universal.