En diciembre de 2023, Chile dio su primer paso serio hacia la legalización del juego online: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley correspondiente. Parecía que el último tramo era cuestión de tiempo. Pero ha pasado más de un año y el documento sigue estancado en el Senado, sin avances.

Según Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos de Azar (ACCJ), el proceso se ha vuelto “lento y fragmentado”. La Comisión de Hacienda del Senado discute detalles como tributación, fiscalización y competencias de los reguladores. Pero lo que más falta —señala— es voluntad política para cerrar la reforma.

“Se eliminó el carácter de urgencia del proyecto. Eso indica que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están realmente comprometidos con concluir el proceso”, afirma Valdés. También menciona presiones por parte de “actores informales”, falta de consenso en puntos clave y vacíos legales que han generado fallos judiciales contradictorios.

Mientras Chile sigue empantanada en el debate, el resto de América Latina avanza. Brasil y Perú han lanzado mercados regulados desde comienzos de 2024. Paraguay levantó su monopolio y abrió el sector a la competencia.

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Chile corre el riesgo de quedarse atrás. Sin reglas claras, el mercado se desplaza hacia la informalidad — precisamente hacia donde migran las plataformas que han sido excluidas de países vecinos. Una reciente decisión de la fiscalía, que optó por no continuar con demandas contra casas de apuestas online, ha sido malinterpretada por muchos.

“Esto no es una validación ni una forma de legalización”, aclara Valdés. “Es simplemente el reconocimiento de que la legislación actual no cuenta con herramientas efectivas para enfrentar la ilegalidad”.

El potencial del juego online en Chile es enorme. Según Yield Sec, en 2024 el mercado generó $3.100 millones. Con regulación, el Estado podría recaudar hasta $800 millones anuales en impuestos.

La infraestructura digital del país está lista: servicios bancarios, uso de smartphones y cultura de apuestas ya están consolidados. Solo falta establecer reglas claras.

“Con una normativa moderna, Chile podría posicionarse entre los líderes regionales junto con Brasil y Colombia”, afirma Valdés. “Y al mismo tiempo garantizar protección al jugador, competencia justa y estándares transparentes”.

Pero mientras no haya ley, tampoco hay control: ni sobre mecanismos de autorregulación, ni sobre la protección de grupos vulnerables, ni sobre el marketing agresivo. Un nuevo año electoral amenaza con volver a diluir una reforma crucial en el ruido político.