Hoy tenemos un gran problema transversal a todos los chilenos que inhibe la realización y desarrollo potencial de nuestros jóvenes y del país. Ese problema se llama drogadicción. Vivimos un aumento explosivo en la prevalencia de consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes de enseñanza secundaria y a edades cada vez más tempranas. En consumo de marihuana, por ejemplo, Chile tiene la prevalencia más alta de todo el continente (Cicad, 2019) y uno de los aumentos más explosivos (si en 2001 un 7,9% de la población escolar decía haber consumido marihuana en el último mes, la cifra se disparó a un 17,3% en 2017). En tanto, el porcentaje de muertes atribuibles al consumo de alcohol entre los 15-29 años dobla al del tramo 45-59 (Castillo-Camiglia et al., 2013).

De ahí la relevancia de variar las estrategias para enfrentar dicho consumo y modificar los alarmantes resultados y proyecciones.

En ese sentido, la implementación del modelo islandés en Chile abre una luz de esperanza. Un modelo que se enfoca en la modificación de las conductas de riesgo, generando incentivos en el ambiente social y físico de los niños y jóvenes, desde el rol de los padres hasta la generación de alternativas de ocio que inhiban la posibilidad de consumo. El modelo opera sobre la premisa de que cualquier política de control en el consumo de drogas no es efectiva si se pierde el control sobre la cadena de suministro. Si las fuentes de acceso son abiertas, la batalla para prevenir un consumo se hace muy difícil y luego el Estado tendrá que realizar una inversión y gasto mayor en prevención primaria, secundaria y servicios de salud y acompañamiento para consumidores (Strang, 2012).

En el caso de Chile, la implementación de este modelo (2018) parte con la firma de un convenio entre el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Reikiavik/Islandia (ICSRA) y seis municipios (Peñalolén, Colina, Las Condes, Lo Barnechea, Melipilla, Renca), más la participación de la Universidad de Chile, como asesores técnicos, y las sociedades científicas médicas como socios estratégicos.

A partir de la Encuesta de Bienestar Juvenil realizada por el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 2018 en estas seis comunas, se desprende que hasta ahora el nivel de avance por comunas es alto: entre 56 y 90% ya se encuentran aplicando el modelo principalmente en la etapa de levantamiento y caracterización de riesgos.

Los principales resultados obtenidos en la muestra son los siguientes: el uso de sustancias es alto en comparación con Islandia y Europa; hay una iniciación temprana en alcohol y drogas y una aceptación alta en ciertos adultos sobre el consumo de alcohol en jóvenes (una renuncia a ser padres y un entreguismo a aceptar el pito o el copete como una ‘instancia buena onda’ sin efectos nocivos personales y en el entorno); se ve un monitoreo paren-tal alto de los hijos, pero escasa colaboración con medidas preventivas; es muy común que los jóvenes tengan espacios fuera de su casa no supervisados; se observa un bienestar escolar bajo en los jóvenes estudiados y un bajo acceso a actividades recreativas y extracurriculares organizadas.

Un déficit relevante que atenta contra el éxito del modelo islandés se puede observar a través del Índice de Prevención Comunal (Contreras, 2019), que describe la magnitud de la prevención local en estas seis comunas de Chile y busca dar cuenta de los esfuerzos y acciones de las autoridades municipales en materia de prevención. Acá las dimensiones donde los municipios se muestran al debe son aquellas que tienen que ver con políticas más activas de prevención y permisos de patentes de alcohol y fiscalización (gran fuente de financiamiento para los municipios), la puerta de entrada al consumo de drogas y factor crítico para el funcionamiento del modelo islandés.

Por lo tanto, si queremos estar a la altura del modelo y sus resultados (en Islandia redujeron casi a la mitad el consumo de alcohol y drogas en adolescentes entre 1997 y 2007), debemos entender que se requiere un compromiso amplio. De la comunidad, los padres y las autoridades (nacionales, regionales y locales) para proveer el tiempo, los recursos y alinearse con este cambio organizacional, social y familiar en todas sus etapas, no solo en aquellas menos costosas a nivel personal, comunal o de gobierno.