
Carlos Montes, presidente del Senado, se encontraría frente a una discordia con sus pares por la publicación de los informes de asesorías externas, pagados con dineros públicos, desde 2015. Todo comenzó hace un tiempo con una investigación del Ministerio Público a las dos cámaras, por la efectividad de los informes y si se trataba o no de pagos injustificado a terceros (con ‘boletas ideológicamente falsas’).
Mientras que la Cámara de Diputados hizo entrega de toda la información para la investigación, el Senado se negó y se enfrascó en una disputa con la Fiscalía.
Para dar una señal de transparencia, cuando Montes asumió la presidencia del Senado ordenó que los informes se publicaran. Sin embargo, ha enfrentado la oposición de varios senadores, quienes señalan que los actuales criterios para encargar informes son distintos a los que regían antes, por lo que, al hacerlos públicos, se exponen a críticas innecesarias e injustificadas.
Parte del problema es que nuestro Congreso tiene un estándar distinto de transparencia y acceso a la información que el gobierno central y los municipios. El Consejo para la Transparencia no tiene competencia para fiscalizar ni aplicar sanciones por incumplimiento.
Ese rol es ejercido por las Comisiones de Ética, integradas por los mismos parlamentarios. Al ser jueces y parte, ha habido más bien un rol de defensa corporativa que de fiscalizadores. Por esto, y a pesar de la voluntad del presidente del Senado, no contamos con un ente externo e independiente que pueda dirimir la controversia entre éste y sus colegas.
Los informes elaborados con el presupuesto de todos los chilenos son información pública y el no querer ponerlos a disposición de la ciudadanía genera desconfianza y suspicacias. Necesitamos seguir avanzando en contar con mayor transparencia en todas nuestras instituciones, solo así recobraremos la confianza ciudadana. Tal y como dice el dicho popular, ‘el que nada hace, nada teme’.