En 2010, a poco tiempo de asumir la primera administración de Sebastián Piñera —y en plena implementación de la reforma a la institucionalidad ambiental que había sido aprobada a finales de la administración Bachelet—, el Presidente de la República comunicó que, debido a un llamado suyo a los dueños del proyecto Barrancones, estos habían tomado la decisión de desistirse de la construcción de una central termoeléctrica en una zona de alto valor ambiental.

La llamada de Barrancones, sin embargo, demostró uno de los riesgos del sistema presidencial cuando quien ejerce esa función abandona las formas elementales del ejercicio del cargo. Esa comunicación, aunque fue celebrada por distintos grupos, dejaba en evidencia un peligro: bastaba que el Presidente levantara el teléfono para prescindir de toda la institucionalidad.

La semana pasada la Corte Suprema recordó la importancia de las formas al ejercer el poder público, especialmente cuando este se despliega, directa o indirectamente, desde la Presidencia. En términos sencillos, la Corte afirmó que una llamada realizada en marzo de 2021 por una asesora del Presidente de la República, cargo que entonces ejercía nuevamente Sebastián Piñera, al dueño de un canal de televisión, reclamando por una entrevista y su línea editorial, afectaba la libertad de expresión, pero también importaba una censura previa porque implicaba inevitablemente una ‘interferencia’ que podía tener un efecto al modelar las conductas futuras del medio.

Aunque el caso es relevante en materia de libertad de prensa, lo cierto es que la decisión de la Corte devela también un principio esencial para el funcionamiento del sistema democrático. Quienes ejercen cargos públicos, especialmente los que se encuentran alrededor de la Presidencia de la República, no pueden pretender que reproches telefónicos dirigidos a terceros, sujetos por lo demás a intensas regulaciones públicas sobre su actividad, sean simples opiniones personales, porque resulta inevitable comprender que tras ella existe una posición de la autoridad y el Gobierno.

Si bien ambos hechos muestran en particular el estilo de la administración Piñera, lo cierto es que los jueces, al presentar sus argumentos, advirtieron sobre formas que resultan inadmisibles en el ejercicio del poder. Y ese aviso es válido para cualquier gobierno.

En tiempos en que el uso de redes sociales incentiva reacciones irreflexivas y genera riesgos para la deliberación democrática, el teléfono se puede transformar en un peligroso artefacto de desformalización del poder presidencial y, con ello, contribuir a la fragilidad de la democracia. Por lo mismo, a veces resulta útil recordar que en política los problemas pasados de un adversario, en algún momento, se pueden transformar también en dificultades propias.