Reformar el empleo público es una de las grandes deudas del proceso de modernización del Estado. El gobierno ha iniciado un nuevo intento de reforma mediante el nombramiento de una comisión asesora ministerial de 12 expertos/as, quienes deberán entregar sus propuestas dentro de 120 días.

Como tantas veces se ha dicho, el problema central del empleo público es la existencia de un Estatuto Administrativo (dictado en 1989) que ha sido superado por la realidad. Este es un régimen excesivamente rígido que no se condice con las necesidades actuales del Estado.

El empleo de planta —supuestamente el régimen general— ha pasado a ser una excepción, representando alrededor de un 20% del empleo del gobierno central. En su reemplazo, los regímenes a contrata, honorarios y bajo Código del Trabajo han pasado a ser centrales, desvirtuando así las normas que instauran el mérito como criterio clave en la carrera funcionaria.

Las distintas iniciativas y proyectos de reforma elaborados en el último tiempo coinciden en sus ideas centrales. Un ejemplo es una propuesta transversal preparada hace ya ocho años por cuatro centros de estudio (CEP, Chile 21, Espacio Público, y Libertad y Desarrollo).

Ahí se proponían medidas como separar los asesores de confianza de los funcionarios de carrera, generar un sistema único de ingreso orientado por el mérito, repensar el sistema de evaluación con una curva forzada de distribución, y crear nuevas causales de desvinculación y mecanismos de indemnización por término de la relación laboral.

Aunque el diagnóstico técnico es ampliamente compartido, las dificultades vienen a la hora de la implementación. Prueba de ello es que los últimos gobiernos —de distinto signo político— han impulsado cambios que finalmente no han logrado ver la luz. En ese contexto, es valioso que el gobierno haya decidido priorizar la modernización del empleo público, pese a los fracasos anteriores.

La composición de la comisión asesora es promisoria, ya que reúne personas con amplia experiencia y conocimientos, junto con un razonable grado de transversalidad política. Esto último es central, ya que el esfuerzo del gobierno en esta materia necesitará una estrategia distinta de la utilizada en la aprobación de la megarreforma.

En efecto, se requerirá encontrar un delicado equilibrio. Por una parte, involucrar a los distintos sectores políticos y a los mismos funcionarios públicos en las discusiones, de forma que la reforma consiga un sustento transversal que asegure su sustentabilidad a largo plazo.

Al mismo tiempo —aprendiendo de lo ocurrido en la reciente reforma a los notarios— se requerirá decisión para sortear la influencia de los distintos grupos de interés y materializar cambios significativos que efectivamente mejoren la situación actual.