La encuesta CEP que se publicó la semana pasada arrojó diversos resultados que siguen siendo comentario obligatorio en la opinión y análisis público. Entre ellas, una sustancial baja de confianza en el Congreso (3%) y partidos políticos (2%) —la más baja desde el 2015. Lo anterior debe considerarse frente al proceso constituyente que estamos enfrentando. Si bien luego del 26 de abril sabremos si comenzaremos un proceso de redactar una nueva constitución y qué órgano estará a cargo de esta importante tarea —Convención Mixta (parlamentarios y delegados electos en igual número) o Convención Constitucional (sólo delegados electos para estos efectos)- es clave que para votar ese día tengamos claras las reglas del juego electoral en ambos escenarios.

En el Senado se discuten dos proyectos de ley que buscan garantizar la paridad de género, mayores condiciones de competencia para independientes (fuera de partidos políticos) y escaños reservados para pueblos indígenas. Lo anterior no es menor si consideramos las cifras de la CEP. Si bien soy de las que cree que los partidos políticos son claves en un sistema democrático sano, tampoco se puede negar la realidad de que pasan por su peor momento de popularidad y confianza ciudadana. Por esto, y dado que ese trata de un proceso que se inicia a instancias de la movilización ciudadana, creo que es clave que se abra la cancha a otros jugadores, es decir, a los independientes, garantizándoles mayores facilidades para competir.

Asimismo, al tratarse de la definición de nuestras reglas de convivencia y de distribución del poder, también es relevante que superemos las brechas de género y abramos las puertas a nuestros pueblos indígenas, tradicionalmente excluidos. Por lo anterior, creo que es urgente que estos temas se resuelvan pronto, con la mirada puesta en el éxito y legitimidad del proceso. Si queremos revertir estos pésimos indicadores de confianza, los partidos políticos y parlamentarios deben ser generosos y legislar sin los ojos puestos en calculadoras políticas.