El pasado lunes se cumplió un año desde que los 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el texto definitivo de lo que pasaría a llamarse el ‘Acuerdo de Escazú’ (en referencia a la ciudad de Costa Rica en que se acordó), el cual constituye el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Este acuerdo comenzó a negociarse el año 2012, impulsado por Chile, con el fin de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre los derechos de acceso a la información, partición y justicia en materias ambientales, y tal como señala Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de Cepal, este es un acuerdo entre estados y sus sociedades; es un acuerdo ciudadano, hecho por y para las personas de nuestra región.

En junio del año pasado, nuestro país en copresidencia con Costa Rica, llamó a los países de la región a firmar y ratificar el acuerdo, acción que ya ha sido realizada por 16 estados, entre los cuales lamentablemente no se encuentra el nuestro. Esperamos que antes de recibir la próxima COP25 sobre cambio climático, el Presidente Sebastián Piñera enmiende el camino y firme el acuerdo que comenzó a negociarse durante su primer mandato, dando una real señal de su compromiso con el medio ambiente y las personas más vulnerables.