En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y tras el anuncio del presidente de Colombia de Firmar el Acuerdo de Escazú, aproximadamente unas 50 personas llegaron hasta la Cumbre Social por la Acción Climática, la que se desarrolla en el Centro Cultural Tío Lalo Parra de Cerrillos, para participar en el foro “Acuerdo de Escazú: La deuda de Chile con los Derechos Humanos” organizado por Espacio Público, ONG Fima y Amnistía Chile.

En la introducción del foro, la directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza, enfatizó en la relevancia de este Convenio para los derechos humanos vinculados al medio ambiente, que promueve y garantiza el acceso a la información, justicia y participación; además de establecer en él protección de defensores y defensoras ambientales.

“Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para defensores y defensoras ambientales» sostuvo Andrea Sanhueza, quien también es representante del público para el Acuerdo de Escazú y recordó que “Chile durante años lideró las negociaciones en Latinoamérica y no tiene ningún sentido que hoy este no sea aprobado por el Gobierno”.

Para Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional, el Acuerdo de Escazú es relevante por su “legitimidad, los términos que toma y porque avanza en el concepto de democracia ambiental que es central para la construcción de sociedad. Además, toma los temas ambientales como un derecho humano, incluyendo la mirada de defensores y defensoras, lo cual es relevante, porque no hay muchos instrumentos que visibilizan de buena manera el trabajo de distintas personas para resguardar el derecho humano al agua, la tierra y el medioambiente libre de contaminación”.

La Deuda del Presidente Piñera con los Derechos Humanos y el Medio Ambiente

El Acuerdo de Escazú fue impulsado y liderado en sus negociaciones, desde el año 2012 por el Estado de Chile, sin embargo, el año pasado a una semana de la fecha fijada para firmar, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, decidió restarse para evaluar el contenido del tratado. Análisis que hasta el día de hoy nos mantiene como uno de los pocos países de la región que aún no firma.

Patricia “Dedos verdes”, quien también fue parte del panel es defensora de semillas y junto a su familia ha sido perseguida en Chile, razón por la cual debió presentar un recurso de amparo. “Este es mi país y por qué tengo que dejarlo, por qué tengo que defender las semillas que son de todos. Son de nuestros hijos, nietos, bisnietos. Hoy en su discurso, el Presidente Sebastián Piñera hablaba de derechos humanos cuyo resguardo no hay, una misma se siente desprotegida en su país”.

Por su parte, Natalia Gómez, abogada colombiana integrante de ONG Civicus, agregó que “en algunos países de Latinoamérica las corporaciones internacionales pueden tener más peso que los mismos Estados, donde pedir resguardos en temas ambientales puede pasar a llevar los intereses financieros”.

“Escazú fortalece instrumentos que tienen la sociedad civil para poder impulsar la protección de la naturaleza y sus defensores. Hoy Chile tiene una gran oportunidad para que el país cuente con instrumentos para poder regularizar la situación del agua, de semillas, bosques, entre tantos otros, y aportar en la implementación de políticas públicas”, enfatizó Natalia Greene, Presidenta de CEDENMA, Coordinadora Ecuatoriana de ONGs ambientalistas.