Hace algunas semanas la agencia France Presse informó que había accedido al borrador del reporte de uno de los tres equipos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que se dará a conocer en los próximos meses. El documento advierte que nos encontramos más cerca de lo que muchos creen de los puntos de inflexión climática, momento a partir del cual no será posible recuperación alguna, produciéndose aceleradamente eventos con amplias consecuencias para las personas y los ecosistemas. La noticia se expandió rápidamente y la prensa internacional ha informado que dicho reporte señala que ‘lo peor está por venir, afectando la vida de nuestros hijos y nietos mucho más que la nuestra’.
Según los informes oficiales y de diversos centros de investigación nacional, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Las razones son varias, pero se pueden resumir en: territorios expuestos a desastres naturales, una sequía prolongada, desertificación, contaminación atmosférica en áreas urbanas, y un borde costero frágil, entre las más conocidas. Pero, además, la matriz productiva del país depende de sus recursos naturales y las exportaciones. El Ministerio del Medio Ambiente ha advertido que las repercusiones del cambio climático están afectando a las principales actividades productivas del país, una situación que puede ser cada vez peor si no realizamos innovaciones importantes ahora.
Desde hace algunos años hemos discutido sobre la necesidad de implementar planes de adaptación como política pública transversal. El problema ya no es únicamente la sobrevivencia de nuestros ecosistemas. Incluso posiciones egoístas pueden rápidamente comprender que está en juego el desarrollo económico del país. Por convicción o por conveniencia, deberíamos disponer de un rápido consenso para ejecutar medidas de adaptación eficaces, con un cierto criterio de realidad acerca del futuro que enfrentamos, en un mundo de transformaciones vertiginosas.
Por eso, el avance la semana pasada del proyecto de ley de cambio climático en el Senado, y el de delitos económicos en la Cámara de Diputados, en el cual se incorporan los delitos ambientales, son progresos significativos, como herramientas complementarias para lograr cambios. Sin embargo, nada de eso sirve si no somos capaces de percibir el momento en que nos encontramos.
De ahí que la Convención Constituyente debiese comprender rápidamente que, mientras las facciones internas disputan protagonismos superficiales, el tiempo avanza y el pacto social que deben proponer para la Constitución es precisamente el que nos puede permitir adaptarnos con pragmatismo a esos riesgos climáticos, que, por ahora, nos dicen que los próximos años serán más hostiles que los anteriores.