Días atrás, en una entrevista televisiva, Ruth Hurtado, convencional constituyente y vocera de la campaña presidencial de José Antonio Kast, señaló que ‘hay instituciones que se dedican solo a fomentar o preparar activistas, que no están como para preparar personas en el tema académico’. La respuesta estaba vinculada a la propuesta del programa original de su candidato de cerrar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), un organismo internacional fundado en 1957 por iniciativa de la Unesco.

Propuestas de este estilo son graves pues están destinadas a realizar objeciones a la libertad académica, bajo la etiqueta de que existen algunos lugares de enseñanza que operan como centros de adoctrinamiento. Es lo que subyace, también, al requerimiento de información que realizaron dos diputados a las universidades de Chile y de Santiago para que informaran sobre sus programas asociados a los que denominan ‘ideología de género’, diversidad sexual y feminismo. Como expliqué en una columna anterior, esa solicitud era abusiva y comprometía seriamente la autonomía universitaria.

Las expresiones de la convencional Hurtado recuerdan la concepción que tenía la dictadura sobre el sistema universitario chileno. En efecto, tras el golpe en 1973 la dictadura designó rectores delegados para cumplir el ideario de la junta, realizó purgas internas de profesores y estudiantes, se interrumpieron carreras especialmente vinculadas con las ciencias sociales, porque las universidades representaban ‘un territorio ocupado por el enemigo’ (Baeza, 2004) que debía ser combatido.

Las acciones contra la libertad académica están presentes también en otras partes del mundo, en base a los mismos argumentos autoritarios que se expusieron días atrás. En Hungría, la Central European University (CEU) —fundada en 1991 bajo el patrocinio de la fundación Open Society, vinculada a George Soros— se vio en la obligación de cerrar producto de una ley del gobierno del ultraderechista Viktor Orbán, cuya tramitación duro sólo una semana y que transformó a la CEU en el símbolo de la disputa entre las ideas liberales y el nacionalismo populista. La universidad debió cambiar su sede a Viena y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a Hungría, en octubre de 2020, por violar, entre otras cosas, la libertad de cátedra y enseñanza.

En plena disputa con el gobierno húngaro en 2017, Michael Ignatieff, rector de la CEU, advirtió que la libertad académica depende de la salud de las instituciones democráticas, que el populismo actúa de mala fe cuando desprecia a los expertos, mientras la jerga académica y su actuar como feudo para iniciados amplía la brecha con la sociedad. Esa advertencia es conveniente tenerla presente entre nosotros, antes que sea demasiado tarde.